Los objetivos que buscamos impulsar con este proyecto estuvieron en claro desde su planeación: por un lado, producir indicadores que nos ofrecieran evidencia sobre el estado que guardan las instituciones de seguridad y justicia penal en cada una de las entidades del país; por el otro, con esta información en mano, tenemos la intención de provocar respuestas por parte de la autoridad. El ejercicio de evaluación que aquí se presenta no tiene un fin meramente analítico, también tiene el propósito de provocar los cambios que son necesarios. Es un llamado a la acción.

A partir del análisis de una base de datos sobre información penitenciaria (de elaboración propia), integrada con información de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (y Gobernación, antes de 2000 y 2012), del INEGI (particularmente el censo penitenciario 2012, con información 2011), de las encuestas del CIDE a población penitenciaria del centro del país (25% de la población penitenciaria del país) de 2003, 2006 y 2009, a internos por delitos de competencia federal de 2012, Guillermo Zepeda emprende el examen del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ofrecernos un dictamen general del sistema penitenciario en México, que describe las condiciones de reclusión que priva en los centros penitenciarios del país, para dar cuenta de la alta vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, derivadas de la sobrepoblación existente, la proliferación de grupos criminales que operan al interior de ellos, la alta reincidencia delictiva de los internos y los precarios resultados que arrojan los programas de reinserción social, entre otros temas.