En 2013 el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) desarrolló la Metodología para el seguimiento y evaluación del proceso de implementación del sistema penal acusatorio, con base en una serie de indicadores que permitió establecer un ranking nacional del avance de la implementación. Posteriormente la Metodología se adapta para evaluar el nivel en la operación del sistema de justicia. Después de 8 años en el proceso de implementación, el sistema acusatorio ya opera formalmente en todo el territorio nacional y para todos los delitos, sin embargo el trabajo no termina en este punto, se necesita seguir con la consolidación del mismo para garantizar su correcta operación y funcionamiento. Es por esto que CIDAC presenta una nueva metodología para convertirla en un instrumento enfocado a la medición de la consolidación del sistema de justicia.

El objetivo de este libro es doble. Primero, consiste en colocar algunos problemas públicos prioritarios sobre la mesa de debate de los candidatos presidenciales y en la agenda de trabajo de la próxima administración. Segundo, busca que las recomendaciones que hace México Evalúa para resolver estos problemas sean discutidas y, eventualmente, tomadas en cuenta a la hora de implementar acciones o promover reformas en los ámbitos correspondientes. Cada capítulo se construye como un policy brief, que plantea un problema público, detalla sus causas, revisa cómo se ha abordado hasta la fecha, antes de presentar las propuestas para resolverlo.

Este documento presenta el informe final del proceso de adaptación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” (ODS 16) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El Gobierno de la Ciudad se ha propuesto acompañar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a través de la incorporación, y el monitoreo, de dicha agenda en sus estrategias, planes y acciones. En esta etapa, el foco se ha puesto en el ODS 16 y particularmente en las dimensiones referidas al gobierno abierto, uno de los ejes estratégicos de la gestión (metas 16.5, 16.6, 16.7 y 16.10).

El Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 plantea dos estrategias: la primera institucional, desde la Procuraduría General de la República, con los cuatro objetivos planteados, y la segunda a partir de los trabajos de coordinación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Los objetivos que buscamos impulsar con este proyecto estuvieron en claro desde su planeación: por un lado, producir indicadores que nos ofrecieran evidencia sobre el estado que guardan las instituciones de seguridad y justicia penal en cada una de las entidades del país; por el otro, con esta información en mano, tenemos la intención de provocar respuestas por parte de la autoridad. El ejercicio de evaluación que aquí se presenta no tiene un fin meramente analítico, también tiene el propósito de provocar los cambios que son necesarios. Es un llamado a la acción.

A pesar de diversas reformas recientes en materia de justicia y derechos humanos, la impunidad en México continúa siendo una constante. Según distintos informes, en México la impunidad alcanza niveles superiores al 98%, siendo que tan sólo alrededor de 1.5% del total de las denuncias presentadas (se estima un 20% del total de los delitos cometidos) llegan ante un juez. Diversos factores continúan obstaculizando el acceso a la justicia y la protección jurídica de los derechos humanos. Por un lado, aún son insuficientes los recursos legales adecuados que permitan garantizar la eficacia del sistema de procuración y administración de justicia, así como la implementación adecuada del nuevo sistema acusatorio de justicia penal, la cual deberá concluir a más tardar en el año 2016.

Billions of people around the world live at the margins – pushed or kept out, often in silence, without adequate protection of the law. Denied healthcare, citizenship or fair pay, those unprotected by the law have problems that are both real and relentless, impacting their ability to reap the benefits of sustainable development. Despite this crushing reality, access to justice is a bedrock principle undergirding human rights. Despite its centrality, justice was not explicitly included in the Millennium Development Goals (MDGs). This omission was corrected when the SDGs were adopted with a stand?alone goal on justice. While Sustainable Development Goal (SDG) 16 was the result of years of political, strategic and scholarly work by human rights advocates, development practitioners and academics, its promise lies beyond the technocratic realms of development programming, by insisting that people's own experience of justice – and injustice – must remain at the center of efforts to assess progress toward a world where no one is ‘left behind’.

El Índice de Estado de Derecho en México 2018 es el primer índice subnacional producido por el WJP, y constituye una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país. El Índice de Estado de Derecho en México 2018 utiliza el mismo marco conceptual y metodológico que el WJP ha utilizado a nivel global para cuantificar la adhesión al Estado de Derecho en cada uno de los 32 estados del país. El Índice de Estado de Derecho en México 2018 presenta nuevos datos e indicadores, los cuales se organizan en 42 sub-factores y ocho factores: i) límites al poder gubernamental, ii) ausencia de corrupción, iii) gobierno abierto, iv) derechos fundamentales, v) orden y seguridad, vi) cumplimiento regulatorio, vii) justicia civil y viii) justicia penal. Estos factores resumen distintas manifestaciones del Estado de Derecho, proveen información acerca de las fortalezas y debilidades institucionales de cada entidad, y sirven como puntos de referencia para evaluar el desempeño de las autoridades estatales a lo largo del tiempo o en comparación con el de sus contrapartes en otros estados.

En el marco del objetivo estratégico de “Contribuir al diseño e implementación de prácticas y políticas públicas que favorezcan la construcción de ciudadanía en México” de la ENEC 2011-2015, el proyecto Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México – desarrollado de manera conjunta con El Colegio de México- tiene como objetivo poner a disposición de la sociedad información objetiva, actualizada y relevante sobre valores, percepciones y prácticas de la ciudadanía en nuestro país, a través de seis dimensiones analíticas: Estado de Derecho y Acceso a la Justicia; Participación Política; Sociedad Civil y Participación no Electoral; Vida Comunitaria; Valores Democráticos; Redes de Asociación e Implementación. Dicha información fue generada a través de una encuesta a ciudadanos, representativa a nivel nacional y de un estudio focalizado dirigido a indagar sobre las asociaciones ciudadanas y sus redes de colaboración. Un equipo de reconocidos especialistas en el ámbito de la investigación social fue responsable de la elaboración de los fundamentos teóricos, metodológicos y analíticos del proyecto. Los datos y las conclusiones del Informe país buscan ser un referente que aporte a la comprensión de los factores que inciden en la construcción de una ciudadanía democrática y a la formulación de acciones y políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de los derechos ciudadanos de las y los mexicanos.

Recognizing the critical importance of Goal 16, this toolkit provides civil society and other nongovernment stakeholders with guidance on how to engage with their governments and other local, regional or international stakeholders to support the planning, implementation, follow-up and accountability of Goal 16. Work is already underway to localize Goal 16 and its targets and indicators, and it is essential that nongovernment stakeholders actively engage with these processes. A key feature of the approach to SDG implementation will be to ensure that national development plans, actions and indicators of progress are specifically tailored to each national context. To ensure that the SDGs are truly ‘people-centred’, SDG implementation should not be top-down, but instead must be driven by partnerships and collaborations across all sectors and segments of society—including all levels of governments, civil society, the private sector, philanthropic institutions, the United Nations (UN) system and a wide range of other relevant stakeholders. To this end, this toolkit is intended to serve as a resource to support civil society actors at local and national levels to influence decision-making processes on specific plans and action related to Goal 16. Providing initial ideas and entry points for civil society action, the toolkit has a particular focus on supporting national civil society stakeholders in their efforts to influence local and national governments to work towards the achievement of Goal 16.

This monitoring and evaluation guide is intended to improve the effectiveness of UNDP's rule of law programming with a view to implement UNDP’s Strategic Plan. It furthers the commitment of the organization in the Plan to ensure the highest standards of delivery of development results through rigorous monitoring and quality assurance and measurement. The guide also responds to an increasing demand from a wide range of national stakeholders and UNDP Country Offices for guidance on how to measure the impact of RoL programmes. This is the first guide that focuses specifically on the measurement of UNDP's rule of law programmes and projects across the spectrum of development settings, including conflict-affected and fragile environments.

In the latter part of 2014, a group of countries started on an initiative to pilot illustrative work on governance in the context of the discussions on the Sustainable Development Goals (SDGs). At the time, SDG “Goal 16” as we now know it did not exist, but the fundamental aspects of peaceful, just and inclusive societies under discussion in the UN Open Working Group (OWG) were already of significant interest to a number of countries. Member States willing to champion such a goal and targets, raised the following questions: if we could start now, to work on the aspects of peace, justice and institutions under consideration in the OWG, where would we start and what would we prioritise? That was the start of an interesting initiative that UNDP has been proud to support in the five pilot countries – Albania, Indonesia, Rwanda, Tunisia and, at a later stage, the United Kingdom – who volunteered to address these questions. The Pilot countries have emphasised that whilst measuring Goal 16 is a challenge, more data is available on peace, justice and institutions than is often assumed. In addition to presenting the different phases of the Pilot Initiative, the report draws out the main lessons learned from the Pilots experience, and identifies some guidelines for work on implementation of aspects of Goal 16.

El ODS 16, por su contenido controvertido, de poco agrado de algunos países, se ha aceptado como parte de la Agenda 2030 después de intensos debates en las negociaciones. En el caso de México, para aterrizar el ODS 16 en la acción política, a nivel nacional y subnacional, el PNUD ha liderado una iniciativa que consistió en un ejercicio profundo de análisis para identificar los problemas específicos de este país en el marco de este ODS y explorar las soluciones existentes para atenderlos.