El Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 plantea dos estrategias: la primera institucional, desde la Procuraduría General de la República, con los cuatro objetivos planteados, y la segunda a partir de los trabajos de coordinación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Los objetivos que buscamos impulsar con este proyecto estuvieron en claro desde su planeación: por un lado, producir indicadores que nos ofrecieran evidencia sobre el estado que guardan las instituciones de seguridad y justicia penal en cada una de las entidades del país; por el otro, con esta información en mano, tenemos la intención de provocar respuestas por parte de la autoridad. El ejercicio de evaluación que aquí se presenta no tiene un fin meramente analítico, también tiene el propósito de provocar los cambios que son necesarios. Es un llamado a la acción.

A pesar de diversas reformas recientes en materia de justicia y derechos humanos, la impunidad en México continúa siendo una constante. Según distintos informes, en México la impunidad alcanza niveles superiores al 98%, siendo que tan sólo alrededor de 1.5% del total de las denuncias presentadas (se estima un 20% del total de los delitos cometidos) llegan ante un juez. Diversos factores continúan obstaculizando el acceso a la justicia y la protección jurídica de los derechos humanos. Por un lado, aún son insuficientes los recursos legales adecuados que permitan garantizar la eficacia del sistema de procuración y administración de justicia, así como la implementación adecuada del nuevo sistema acusatorio de justicia penal, la cual deberá concluir a más tardar en el año 2016.