En 2013 el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) desarrolló la Metodología para el seguimiento y evaluación del proceso de implementación del sistema penal acusatorio, con base en una serie de indicadores que permitió establecer un ranking nacional del avance de la implementación. Posteriormente la Metodología se adapta para evaluar el nivel en la operación del sistema de justicia. Después de 8 años en el proceso de implementación, el sistema acusatorio ya opera formalmente en todo el territorio nacional y para todos los delitos, sin embargo el trabajo no termina en este punto, se necesita seguir con la consolidación del mismo para garantizar su correcta operación y funcionamiento. Es por esto que CIDAC presenta una nueva metodología para convertirla en un instrumento enfocado a la medición de la consolidación del sistema de justicia.

La presente compilación de leyes, publicada en coedición por la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), tiene como propósito poner a disposición de un amplio público la normatividad fundamental de la Reforma Educativa iniciada en 2012. En este marco legal, la evaluación de la educación tiene una función central en el cumplimiento de los principios de calidad y equidad de la educación a los que el Estado se ha comprometido; en sí misma la evaluación no mejora la educación, pero orienta las medidas para lograrlo. Con la reforma del artículo 3° constitucional, y la adecuación de las leyes secundarias, se construye el soporte legal que le permitirá a este Instituto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y valorar la calidad, el desempeño y resultados de la educación obligatoria en México. Las modificaciones a la Ley General de Educación y la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente —incluidas en esta publicación— fortalecen las funciones de análisis y planeación para el diseño de políticas educativas pertinentes y oportunas, a corto y largo plazos. También implican normar el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de docentes y directivos escolares, ordenar su situación laboral y otorgarles estabilidad. La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación desglosa todos estos mandatos constitucionales.

Esta colección de textos recoge, de manera plural e incluyente, la visión de actores políticos, especialistas, académicos, servidores públicos y legisladores, en torno a las reformas transformadoras impulsadas por el presidente de la República Enrique Peña Nieto y por las principales fuerzas políticas del país, concretadas entre 2012 y 2014, gracias a un proceso inédito de diálogo y acuerdos políticos. El propósito central de esta Colección es dejar un testimonio sobre los principales temas de debate y las posiciones de los diferentes actores políticos en relación con dichas reformas. Adicionalmente, con esta obra nos proponemos difundir por qué era necesaria cada reforma, en qué consiste y qué retos y oportunidades genera para México.

El documento explica, desde el punto de vista del gobierno federal, la pertinencia y objetivos de la Reforma Educativa. Señala que nos enfrentamos a la necesidad de construir un México más libre, justo y próspero, que forma parte de un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. Puntualiza que la Reforma Educativa da la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra nación, alcancen su máximo potencial.

El Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 plantea dos estrategias: la primera institucional, desde la Procuraduría General de la República, con los cuatro objetivos planteados, y la segunda a partir de los trabajos de coordinación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

El presente documento tiene el objetivo principal de informar acerca de los resultados obtenidos en el ámbito local después de la jornada electoral celebrada el pasado domingo 2 de julio, en la cual los mexicanos elegimos a 9 gobernadores, más de 1,500 gobiernos municipales y 16 alcaldías de la Ciudad de México. Es importante aclarar que los resultados presentados están basados en la información oficial obtenida a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) el cual se encuentra sujeto a posibles cambios en los próximos días. Espero que este documento resulte de interés para el lector y que contribuya a aportar información acerca del estado que guarda nuestro país desde una dimensión local.

La reforma constitucional en materia educativa, aprobada por el Congreso Constituyente Permanente y promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, representó el inicio de un proceso que sienta las bases para dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y fortalezcan la equidad. Asegura la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación pública obligatoria —preescolar, primaria, secundaria y media superior—; la creación de un servicio profesional docente; el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación —INEE—, como órgano constitucional autónomo y máxima autoridad en materia de evaluación.

El INEE emite las presentes directrices cuyo objetivo es presentar propuestas de intervención pública para mejorar la atención educativa de familias de jornaleros agrícolas migrantes, a quienes se reconoce, de entre muchos grupos, como los que posiblemente enfrentan las condiciones más precarias y de mayor vulnerabilidad en nuestro país. Estas directrices tienen como insumo principal los resultados de la Evaluación externa de la implementación de la política educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes migrantes agrícolas, la cual tuvo como fin valorar los alcances y déficits de la acción gubernamental en los últimos años. Además, se revisaron las conclusiones y recomendaciones de 21 evaluaciones que se han hecho a los principales programas enfocados a la atención de este grupo, los hallazgos más relevantes de la investigación educativa, y experiencias nacionales e internacionales. Las directrices son resultado de una construcción participativa: incorporan las observaciones y propuestas de distintos actores clave, vertidas en varios foros de interlocución que el Instituto llevó a cabo entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015 con autoridades educativas — federal y estatales—, expertos en el tema, y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

This practical notes series is devised as a how-to guide that captures the evolution of Public Private Dialogues (PPD) and the challenges faced by practitioners since the first PPD handbook was published in 2006. It considers the varied and evolving forms of PPD, the contexts in which PPD is most effective, and its processes of implementation and sustainability. The design, implementation, and challenges associated with investment climate, competitiveness, and sector-specific PPDs are discussed, as well as an updated methodology for the monitoring and evaluation of PPDs. The series further provides an updated “Charter of Good Practice” in Annex I that reflects practice modifications and improvements since being first elaborated at the 2006 Paris Global PPD Workshop. The series takes the Charter’s principles as its base, and expands on them with practical advice and recommendations.

Billions of people around the world live at the margins – pushed or kept out, often in silence, without adequate protection of the law. Denied healthcare, citizenship or fair pay, those unprotected by the law have problems that are both real and relentless, impacting their ability to reap the benefits of sustainable development. Despite this crushing reality, access to justice is a bedrock principle undergirding human rights. Despite its centrality, justice was not explicitly included in the Millennium Development Goals (MDGs). This omission was corrected when the SDGs were adopted with a stand?alone goal on justice. While Sustainable Development Goal (SDG) 16 was the result of years of political, strategic and scholarly work by human rights advocates, development practitioners and academics, its promise lies beyond the technocratic realms of development programming, by insisting that people's own experience of justice – and injustice – must remain at the center of efforts to assess progress toward a world where no one is ‘left behind’.

This commentary characterizes the SDG indicator framework as a ‘political thriller’ in which the power struggles are hidden behind the veil of technocratic expertise. Like a Trojan horse, each indicator conceals the theories of change and development that lie within, exerting their interpretive influence. Where the politics will ultimately lead to by 2030 – in shaping policy priorities, power structures, and knowledge about development – is for now unknown and unpredictable.

This report explores two complementary trends: (1) businesses are increasingly engaged in impact measurement and sustainability reporting to capture their sustainability impact and (2) there is growing public sector interest in capturing the business contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs). Drawing on consultations with a range of companies and governments, the report offers recommendations to enable both sectors – business and governments - to work together to support the world’s sustainable development agenda.

El documento tiene por objeto poner a disposición de cualquier institución del sector público de los tres órdenes de gobierno la guía y las etapas que deben seguir para establecer un Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción basado en las mejores prácticas internacionales en la materia, homologado y sistémico con el rigor metodológico necesario para identificar, prevenir, evaluar y disuadir la ocurrencia de posibles actos corruptos, así como para sancionar a los responsables y generar un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, promover la transparencia y rendición de cuentas, y alcanzar mayores niveles de eficiencia en el desempeño gubernamental.

Recognizing the critical importance of Goal 16, this toolkit provides civil society and other nongovernment stakeholders with guidance on how to engage with their governments and other local, regional or international stakeholders to support the planning, implementation, follow-up and accountability of Goal 16. Work is already underway to localize Goal 16 and its targets and indicators, and it is essential that nongovernment stakeholders actively engage with these processes. A key feature of the approach to SDG implementation will be to ensure that national development plans, actions and indicators of progress are specifically tailored to each national context. To ensure that the SDGs are truly ‘people-centred’, SDG implementation should not be top-down, but instead must be driven by partnerships and collaborations across all sectors and segments of society—including all levels of governments, civil society, the private sector, philanthropic institutions, the United Nations (UN) system and a wide range of other relevant stakeholders. To this end, this toolkit is intended to serve as a resource to support civil society actors at local and national levels to influence decision-making processes on specific plans and action related to Goal 16. Providing initial ideas and entry points for civil society action, the toolkit has a particular focus on supporting national civil society stakeholders in their efforts to influence local and national governments to work towards the achievement of Goal 16.

El curso, que se orientó a desarrollar habilidades conceptuales y a aplicar herramientas para identificar, prevenir e intervenir en situaciones de conflictos, fue adaptado de manera especial para Colombia con el fin de enfatizar en la construcción de paz y el modelo de paz territorial que se adelanta en el país. De manera particular, con el curso se brindó asesoría en el trabajo del DNP de integrar en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 -que está en construcción por parte del Gobierno nacional- la visión de paz desde el territorio y transversalización de dicho enfoque en la estructura del documento.

This report explores the connections between peace and corruption, focusing on the empirical trends between the most authoritative measures of peace and corruption. It fills an important gap as the linkages between peace and corruption are still being deeply studied. The analysis finds that there is a statistically significant relationship between peace and corruption. The most striking aspect of this relationship is the presence of a ‘tipping point’. If a country has low levels of corruption then increases in corruption will have little effect on peace. However, once a certain threshold is reached then small increases in corruption can result in large decreases in peace.

In an environment in which growth and employment prospects in many countries remain subdued and a number of high-profile corruption cases have fueled moral outrage, and amid a growing consensus that corruption can seriously undermine a country’s ability to deliver inclusive economic growth in a number of different areas, addressing corruption globally—in both developed and developing countries—has become increasingly urgent. When corruption impairs government functions, it can adversely affect a number of important determinants of economic performance, including macrofinancial stability, investment, human capital accumulation, and total factor productivity. Moreover, when systemic corruption affects virtually all state functions, distrust of government can become so pervasive that it can lead to violence, civil strife, and conflict, with devastating social and economic implications. This Staff Discussion Note focuses on corruption that arises from the abuse of public office for private gain, whether it manifests itself transactionally (for example, a bribe) or through powerful networks between business and government that effectively result in the privatization of public policy. While designing and implementing an anticorruption strategy requires change on many different levels, the IMF's experience in assisting member countries suggests that several elements need to be given priority: transparency, rule of law, and economic reform policies designed to eliminate excessive regulation. Perhaps most important, however, addressing corruption requires building effective institutions, with the clear objective of developing a competent civil service that takes pride in being independent of both private influence and public interference.

This evaluation is usually completed on a case by case basis, requested directly by program managers and other stakeholders at the line ministry level. It is also common for international agencies to include process evaluations as part of their work plan. Mexico has recently institutionalized process evaluations in their national menu of evaluations by developing a standardized process evaluation methodology. This is the first case of a country committing to wider scale homogenization and implementation of process evaluations in government, and opens up new possibilities of process evaluations contributing to results oriented government, through for example Meta analysis of public administration processes.

This paper suggests a framework that governments and stakeholders can use in their countries to take action to leave no one behind in a way that enables and accelerates national progress to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). It also seeks to inform the manner in which the United Nations Development Programme (UNDP) works with countries to implement the 2030 Agenda, in keeping with the commitment of the United Nations Development System to put the pledge to leave no one behind at the heart of its support.

No es el Plan Nacional de Desarrollo alineándose a la Agenda 2030, es tomar de la Agenda elementos orientadores y referencias para que la planeación resuelva efectivamente problemas públicos multidimensionales y complejos. La Agenda no sustituye los esfuerzos de planificación nacional, pero si los enriquece y los complementa. Con ese fin, y con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la Agenda 2030 y la planeación estratégica en el país, en el PNUD publicamos la guía “El enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas públicos en México”, que constituye una propuesta metodológica, centrada en la Gestión por Resultados para el Desarrollo, que busca orientar a los gobiernos en la incorporación de los conceptos rectores y principios de la Agenda en el ciclo de vida de la política pública.