Este documento presenta un experimento de encuesta en línea que abarca a 50 países encuentra mejoras considerables en la moral tributaria cuando (a) aumenta la importancia de los esfuerzos anticorrupción y (b) los ciudadanos pueden expresar sus preferencias de gasto al gobierno. Estos resultados son muy amplios en una muestra singularmente grande y diversa de encuestados de todos los continentes. Los hallazgos son consistentes con las teorías que enfatizan el papel de la responsabilidad democrática, así como las percepciones de legitimidad y "justicia retributiva", en la generación de cumplimiento tributario voluntario. Se discuten las implicaciones y las avenidas para futuras investigaciones.

Tradicionalmente, los gobiernos buscan movilizar los ingresos tributarios expandiendo su aplicación de los regímenes tributarios existentes y facilitando los pagos de impuestos. Sin embargo, el cumplimiento y la facilitación pueden ser costosos y producir rendimientos marginales decrecientes si los ciudadanos no están dispuestos a pagar sus impuestos. Este documento aborda las brechas en el conocimiento sobre el cumplimiento tributario, haciendo una pregunta básica: ¿qué explica por qué los ciudadanos y las empresas cumplen con las normas tributarias? Para responder a esta pregunta, el documento muestra cómo la adopción voluntaria de dos tipos diferentes de instituciones de gobierno participativo influye en la recaudación de impuestos municipales en Brasil. Los municipios que adoptan voluntariamente instituciones participativas recaudan niveles de impuestos significativamente más altos que los municipios similares sin estas instituciones.

A medida que los países se centran cada vez más en cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la atención se centra a menudo en la brecha financiera que enfrentan los gobiernos para cumplir sus compromisos. No se están haciendo las suficientes preguntas sobre la capacidad de los gobiernos para administrar y gastar de manera efectiva los recursos que ya tienen, o los que dicen que tienen. En este documento, se usan un conjunto de datos para ver cómo los presupuestos gubernamentales "creíbles" se encuentran en todo el mundo. Por "creíble" se refieren a la medida en que el gasto real corresponde con el presupuesto aprobado, y cómo el gasto en áreas específicas del gobierno se ve afectado.

La Guía tiene la intención de responder a la creciente demanda de una amplia gama de partes interesadas para obtener una guía actualizada sobre la medición de la corrupción y su ausencia, específicamente los fenómenos de transparencia, responsabilidad e integridad. Debido a que gran parte de los datos recopilados regularmente sobre corrupción y anticorrupción se relacionan con las actividades del gobierno, esta Guía tiene un fuerte enfoque en la medición del sector público y su relación con la sociedad civil. La Guía está escrita para profesionales involucrados en el trabajo anticorrupción que buscan alternativas a modelos lógicos desnudos e indicadores de entrada / salida.

México está avanzando en la puesta en marcha de la Agenda 2030 gracias a los esfuerzos del gobierno mexicano, las entidades federativas, el Congreso de la Unión y las empresas, la sociedad civil y la ciudadanía. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es asegurar la permanencia de este Consejo Nacional más allá de los ciclos gubernamentales. Tan solo a nivel presidencial, el plazo entre 2015 y 2030 cubre cuatro periodos de gestión. Este reto se puede superar si consolidamos una visión de Estado, aseguramos la apropiación de los sectores no gubernamentales e incorporamos la dimensión territorial de la Agenda, partiendo de que cualquier desarrollo es por naturaleza “local”.

Identificación de los mecanismos de acompañamiento del PNUD en el ámbito subnacional para la alineación, implementación y aceleración de la Agenda 2030 a nivel subnacional.

El Mapeo de buenas prácticas: Metodologías para Gestión de Riesgos de Corrupción se alinea a los ejes y prioridades establecidas en la Política Nacional Anticorrupción (PNA) al buscar la coordinación de acciones de todos los entes públicos que integran el Estado mexicano y el involucramiento de sectores de la sociedad para asegurar un control efectivo de las distintas manifestaciones de la corrupción en todos los niveles de gobierno. Este documento tiene como objetivo identificar buenas prácticas en la administración de riesgos de corrupción a nivel nacional e internacional, con el propósito de ser base para la construcción de un Modelo de carácter general para identificar y gestionar efectivamente riesgos de corrupción en México.

Como lo muestra la compilación que contiene este volumen, las y los legisladores perredistas no se limitaron a un posicionamiento general en esta materia. Por lo contrario, procedieron a revisar con detalle el contenido del PND, según la materia de las comisiones ordinarias en las que participan, presentando en tiempo y forma sus observaciones particulares y formulando propuestas alternativas que debieran ser incorporadas. Vaya este libro como una modesta aportación a las reflexiones sobre la planeación democrática del desarrollo de México. Vaya también como un posicionamiento proactivo que es consecuente con el papel de control que, en su carácter de representación popular, la Cámara de Diputados debe ejercer sobre el Poder Ejecutivo.

La “Guía para la Presupuestación basada en Resultados con el enfoque de la Agenda 2030” es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y de la Dirección General de Banca de Gobierno del Grupo Financiero Banorte, con el que se promueve la sostenibilidad del desarrollo mediante la ´localización´ de las políticas públicas. La “Guía Práctica para la Presupuestación basada en resultados con enfoque en la Agenda 2030” está pensada para que las personas funcionarias públicas de las instituciones, dependencias y organismos de la administración pública que realizan labores vinculadas con los procesos de planeación, toma de decisiones y rendición de cuentas puedan fortalecer dichos procesos mediante una mejor gestión de los procesos en las etapas de presupuestación, asignación presupuestal, seguimiento, monitoreo y evaluación del ejercicio de los recursos públicos.