Los Sistemas de Alerta y Respuesta Temprana (SART) son una herramienta importante dentro del arsenal de acciones en la prevención, manejo y resolución de conflictos. Si bien la mayoría de estos sistemas en el ámbito de la prevención de conflictos se ha registrado en África, en los últimos años se ha visto en América Latina y el Caribe un mayor interés en el desarrollo y diseño de este tipo de mecanismos, tanto a nivel estatal como de la sociedad civil, particularmente en aras de mitigar los efectos de los conflictos sociales en los países de la región. El propósito principal de esta “Guía Práctica para el Diseño de Sistemas de Alerta y Respuesta Temprana de Conflictos Sociales”, es contribuir al fortalecimiento de un enfoque preventivo en el abordaje de la conflictividad social en la región, proporcionando algunos aspectos básicos a tener en cuenta en el diseño y desarrollo de un SART desde la perspectiva de prevención y gestión de conflictos con un enfoque social y culturalmente sensible, fortaleciendo la gobernabilidad democrática, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.

La Guía tiene la intención de responder a la creciente demanda de una amplia gama de partes interesadas para obtener una guía actualizada sobre la medición de la corrupción y su ausencia, específicamente los fenómenos de transparencia, responsabilidad e integridad. Debido a que gran parte de los datos recopilados regularmente sobre corrupción y anticorrupción se relacionan con las actividades del gobierno, esta Guía tiene un fuerte enfoque en la medición del sector público y su relación con la sociedad civil. La Guía está escrita para profesionales involucrados en el trabajo anticorrupción que buscan alternativas a modelos lógicos desnudos e indicadores de entrada / salida.

A pesar de los considerables esfuerzos realizados en los últimos cuatro años, no estamos en camino de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Debemos acelerar drásticamente el ritmo de implementación a medida que entramos en una década decisiva para las personas y el planeta. Debemos conectar los puntos en todo lo que hacemos, como individuos, grupos cívicos, corporaciones, municipalidades y Estados miembros de las Naciones Unidas, y verdaderamente abrazar los principios de inclusión y sostenibilidad. La ciencia es nuestro gran aliado en los esfuerzos por alcanzar los Objetivos.





El Informe Global de Desarrollo Sostenible 2019, preparado por un grupo independiente de científicos, presenta una evaluación objetiva de dónde nos estamos quedando cortos y qué hay que hacer. El Informe destaca los puntos de entrada centrales para aprovechar las interconexiones y acelerar el progreso en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este informe nos recuerda que el futuro está determinado por lo que hacemos ahora y la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente. Animo a todos los actores a traducir las ideas de este análisis en acción colectiva.

La guía busca que las personas que trabajan en los medios de comunicación se comprometan a promover y trabajar para transformar las narrativas periodísticas de contenido sobre violencia contra mujeres y niñas, y otros temas clave de sus vidas.

La “Guía práctica para la presupuestación participativa con perspectiva de género” es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y de la Dirección General de Banca de Gobierno del Grupo Financiero Banorte, con el que se busca fortalecer los procesos de presupuestación local y crear hojas de ruta que le permita implementar procesos participativos con perspectiva de género. Esta guía está dirigida a las personas de las administraciones públicas locales en México que tienen facultades relacionadas con el proceso presupuestal. Es un ejercicio pionero en tema, ya que no solo busca orientar la realización de procesos participativos, si no que busca visibilizar que en los procesos participativos es indispensable incorporar la perspectiva de género como herramienta que favorezca la inclusión social, el ejercicio de derechos y la reducción de brechas de desarrollo. La perspectiva de género permite identificar elementos estructurales –en este caso en el gasto público– que son mediados por la dimensión de género, y reproducen o profundizan las brechas para las mujeres.