En los últimos años, hemos ido avanzando en el desarrollo de una base conceptual y metodológica para mejorar los procesos de evaluación de programas y proyectos. Asimismo, existe un importante corpus de recursos para el enfoque de la igualdad de género así como para el ámbito de los derechos humanos. Respecto al enfoque intercultural, el progreso ha sido más lento y, en muchos casos, parcial. Se ha asociado con los procesos de consulta a los pueblos indígenas en el momento de preparar o evaluar un proyecto de una región o un área en la que viven. Estos enfoques comparten determinadas características: hacen hincapié en los derechos humanos y la justicia social; analizan relaciones sociales asimétricas; promueven las relaciones culturales competentes entre el equipo de evaluación y los miembros de la comunidad o las organizaciones sociales; utilizan métodos combinados y apropiados culturalmente para la acción social; y aplican la teoría feminista, la teoría crítica de la raza, teorías postcoloniales, etc. Esta guía se ha elaborado con la intención de integrar estos enfoques en el ciclo de evaluaciones de ONU Mujeres. Se trata de una herramienta práctica para aquellas personas que realizan, gestionan y/o utilizan evaluaciones.

Esta publicación está dirigida a evaluadores y técnicos, que trabajan en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y tienen nociones básicas sobre derechos humanos y los conceptos y elementos del EBDH. Aquellos que aun no conocen este enfoque, también podrán utilizar la presente publicación, pero será necesario que desarrollen previamente una capacitación sobre derechos humanos y sobre el trabajo con EBDH. La evaluación dirigida a las intervenciones de cooperación para el desarrollo ha tenido una larga evolución en su recorrido, en la que se han ido incorporando distintos enfoques y diversas técnicas. Son pocos los evaluadores que realizan evaluaciones en las que no incorporan distintas metodologías y técnicas, y ha sido esta evolución la que ha permitido a la evaluación avanzar y mejorar en sus procesos. Con el documento se pretende aportar una herramienta que ayude a las personas encargadas de realizar las evaluaciones para que incorporen el EBHD, por lo que consideramos relevante realizar una primera lectura de aproximación, antes de entrar de lleno en su implantación para evaluar las intervenciones de cooperación para el desarrollo.

El manual fue desarrollado por el Grupo de Trabajo del UNEG sobre Derechos Humanos e Igualdad de Género y constituye una guía con opciones sobre cómo integrar las dimensiones de DD.HH. e igualdad de género en la evaluación. Este manual ofrece orientación sobre ambos conceptos, “derechos humanos” e “igualdad de género”, para aprovechar las sinergias y la superposición entre estos conceptos que se refuerzan mutuamente, incluido el entendimiento de que la igualdad de género es tanto un derecho humano como una dimensión del desarrollo en si mismo. El manual fue diseñado principalmente para uso de los evaluadores y evaluadoras de la ONU que realizan evaluaciones de programas y proyectos (aquí llamados “intervenciones”), y es especialmente útil para evaluaciones de intervenciones que no tienen como objetivo principal los derechos humanos ni la igualdad de género. También puede ayudar a quienes diseñan y planifican nuevas intervenciones en análisis de DD.HH e igualdad de género, y a promover su inclusión en el diseño de intervenciones y sistemas de SyE.

Este documento ofrece algunos insumos para ayudar a las deliberaciones de la Segunda Reunión Intergubernamental de Ministros de Educación del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC), realizada en marzo de 2007 en Buenos Aires, Argentina. El tema central es la educación de calidad para todos, entendida como un bien público y un derecho humano fundamental que los Estados tienen la obligación de respetar, promover y proteger, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento de toda la población. Los países de la región han llevado a cabo destacados esfuerzos para aumentar la educación obligatoria, mejorar la infraestructura, diseñar nuevos currículos y mejorar la formación de los docentes. Sin embargo, es preciso redoblar los esfuerzos para lograr las metas de Educación para Todos. Las personas y colectivos más vulnerables se encuentran en una situación de desigualdad en lo que se refiere al acceso, a la continuidad de estudios y a los logros de aprendizaje. Esto muestra la necesidad de mejorar los diseños de las políticas públicas y desarrollar acciones específicas para lograr una educación de calidad para todos. La región tiene que dar un salto desde la igualdad de oportunidades en el acceso, a la igualdad de oportunidades en la calidad de la oferta educativa y los resultados de aprendizaje.

Se hace un llamado urgente al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones dimanantes del PIDESC, de la Agenda 2030 y otros compromisos internacionales, para adoptar políticas, regulaciones, programas y medidas en materia económica, hídrica, energética, ambiental y de desarrollo urbano –esferas estrechamente relacionadas con los ODS reportados este año- congruentes con los tres pilares del desarrollo sostenible. Así también, apelamos al gobierno mexicano a priorizar los derechos humanos y la protección ambiente para mantener la integralidad, indivisibilidad y universalidad de la Agenda 2030. Finalmente, reiteramos la urgencia de garantizar la participación sustantiva y crítica de la sociedad civil en la implementación y monitoreo de la Agenda 2030 en México.

El Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 plantea dos estrategias: la primera institucional, desde la Procuraduría General de la República, con los cuatro objetivos planteados, y la segunda a partir de los trabajos de coordinación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

La inscripción del nacimiento de las personas en el registro civil es un elemento esencial e imprescindible del derecho a la identidad. Por ello, desde hace algunos años en México el Registro Nacional de Población y los registros civiles de los estados han realizado esfuerzos importantes en el proceso de mejora en la cobertura, oportunidad y calidad del registro de nacimiento, así como en la modernización e incorporación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos.

A pesar de diversas reformas recientes en materia de justicia y derechos humanos, la impunidad en México continúa siendo una constante. Según distintos informes, en México la impunidad alcanza niveles superiores al 98%, siendo que tan sólo alrededor de 1.5% del total de las denuncias presentadas (se estima un 20% del total de los delitos cometidos) llegan ante un juez. Diversos factores continúan obstaculizando el acceso a la justicia y la protección jurídica de los derechos humanos. Por un lado, aún son insuficientes los recursos legales adecuados que permitan garantizar la eficacia del sistema de procuración y administración de justicia, así como la implementación adecuada del nuevo sistema acusatorio de justicia penal, la cual deberá concluir a más tardar en el año 2016.

Esta publicación tiene el propósito de poner en valor el progreso alcanzado y reconocer los esfuerzos realizados. También pretende develar los desafíos emergentes para la agenda educativa post 2015 que deberá generar sin duda una nueva visión de la educación en la región. Y es que una educación de calidad para todos a lo largo de la vida, en tanto derecho fundamental de todas las personas, se enfrenta a un contexto de cambio profundo al comenzar el siglo XXI. Es preciso entenderlo y construir un nuevo paradigma acorde a los tiempos.

Billions of people around the world live at the margins – pushed or kept out, often in silence, without adequate protection of the law. Denied healthcare, citizenship or fair pay, those unprotected by the law have problems that are both real and relentless, impacting their ability to reap the benefits of sustainable development. Despite this crushing reality, access to justice is a bedrock principle undergirding human rights. Despite its centrality, justice was not explicitly included in the Millennium Development Goals (MDGs). This omission was corrected when the SDGs were adopted with a stand?alone goal on justice. While Sustainable Development Goal (SDG) 16 was the result of years of political, strategic and scholarly work by human rights advocates, development practitioners and academics, its promise lies beyond the technocratic realms of development programming, by insisting that people's own experience of justice – and injustice – must remain at the center of efforts to assess progress toward a world where no one is ‘left behind’.

This paper analyses the role of feminist mobilizing in formulating the gender equality agenda of the Sustainable Development Goals (SDGs): the goal (5) to ‘achieve gender equality and empower all women and girls’ and gender?related targets across other SDGs. It explores how three key drivers shaped its contours and the effectiveness: (1) context of socioeconomic and political environment; (2) institutions; and (3) the processes of movement building. While feminist mobilizing led to significant advances in the SDGs relative to the Millennium Development Goals (MDGs), important unresolved barriers of financing and political opposition to women's human rights and gender equality remain and will require continued feminist mobilizing. This paper argues for the need to locate feminist mobilizing for the SDGs in the context of the history and persistence of gender inequality and violations of girls’ and women's human rights, and the struggle against these violations. This history is located within economic, social and political environments that are sometimes more open to progressive social change but often, as in the current global conjuncture, may not be.

Los Sistemas de Alerta y Respuesta Temprana (SART) son una herramienta importante dentro del arsenal de acciones en la prevención, manejo y resolución de conflictos. Si bien la mayoría de estos sistemas en el ámbito de la prevención de conflictos se ha registrado en África, en los últimos años se ha visto en América Latina y el Caribe un mayor interés en el desarrollo y diseño de este tipo de mecanismos, tanto a nivel estatal como de la sociedad civil, particularmente en aras de mitigar los efectos de los conflictos sociales en los países de la región. El propósito principal de esta “Guía Práctica para el Diseño de Sistemas de Alerta y Respuesta Temprana de Conflictos Sociales”, es contribuir al fortalecimiento de un enfoque preventivo en el abordaje de la conflictividad social en la región, proporcionando algunos aspectos básicos a tener en cuenta en el diseño y desarrollo de un SART desde la perspectiva de prevención y gestión de conflictos con un enfoque social y culturalmente sensible, fortaleciendo la gobernabilidad democrática, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.

A partir del análisis de una base de datos sobre información penitenciaria (de elaboración propia), integrada con información de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (y Gobernación, antes de 2000 y 2012), del INEGI (particularmente el censo penitenciario 2012, con información 2011), de las encuestas del CIDE a población penitenciaria del centro del país (25% de la población penitenciaria del país) de 2003, 2006 y 2009, a internos por delitos de competencia federal de 2012, Guillermo Zepeda emprende el examen del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ofrecernos un dictamen general del sistema penitenciario en México, que describe las condiciones de reclusión que priva en los centros penitenciarios del país, para dar cuenta de la alta vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, derivadas de la sobrepoblación existente, la proliferación de grupos criminales que operan al interior de ellos, la alta reincidencia delictiva de los internos y los precarios resultados que arrojan los programas de reinserción social, entre otros temas.

National Human Rights Institutions (NHRIs) are central to strong national systems for protection and promotion of human rights. These institutions, operating in a variety of contexts, can be instrumental in supporting democratic governance, preventing human rights violations and the escalation of conflicts, strengthening the rule of law and advancing the rights of the most marginalized and vulnerable groups. To play these demanding roles effectively, NHRIs require solid capacities to safeguard their independence and resilience to possible changes in governance infrastructures or political changes. Eight Global Principles for capacity assessments of NHRIs have been identified on the basis of considerable experience and good practices developed over the years. These principles encompass compliance with human rights norms and standards, highlighting the values that underpin effective practices. The Global Principles and the wealth of analysis contained in this volume guide and strengthen capacity assessments and development of NHRIs across the world.

Gender inequality remains the most pervasive form of inequality around the world, and progress in reducing it remains unacceptably slow with stagnation in several areas. Gender equality and the empowerment of all women and girls are at the center of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The Agenda positions the Beijing Platform for Action as a foundational framework for sustainable development. Sustainable Development Goal (SDG) 5 to achieve gender equality and empower all women and girls addresses many of the important barriers to advancing women’s human rights. These are accompanied by gender-sensitive targets across other goals. Ensuring these commitments are fulfilled in all countries has the potential to transform the lives of women and girls across the world. Based on UN-Women’s analytical work and operational activities, a number of key lessons have emerged that should guide all stakeholders in all efforts to ensure a gender-responsive implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

The Americas Consultation brought together current and former practicing politicians and representatives from international, regional, and civil society organizations active in the region to discuss gender equality and women’s political empowerment, examine case studies, exchange best practices, and produce a set of recommendations for furthering women’s engagement in politics in the Americas. This report consists of three sections of relevant experiences and lessons learned on gender equality and the political empowerment of women: 1) challenges to be overcome in the region; 2) existing tools and mechanisms; and 3) best practices and recommendations on how to effectively advance gender equality and women’s political participation.

Moving beyond the narrow goals and targets of the Millennium Development Goals (MDGs) and the top-down manner in which they were defined, the 2030 Agenda promises to address many of their shortcomings. Not only has the process of defining the new agenda been more inclusive and its scope a universal one, but it is also anchored in human rights principles, while its goals and targets draw attention to a far more variegated set of structural concerns. This is evident in the remarkably broad scope of the targets under the gender-specific Goal 5. But the Sustainable Development Goals (SDGs), like the MDGs, are somewhat silent on the policies needed to achieve the goals and targets. When it comes to the gender-specific elements, while the SDGs do a far better job than the MDGs in drawing attention to key structural constraints that hold back women's enjoyment of their rights, on some of the more contested issues they hardly advance the agenda beyond what has been the ‘agreed language’ for decades. At the same time, the hard-won gains and vision of the SDGs, including SDG 5, may be difficult to realise unless the dominant economic model that forms the backdrop is changed, and stronger accountability mechanisms are put in place. In the absence of robust accountability mechanisms, the risk of dilution and selectivity in the process of implementation looms large.

Este documento recoge los Compromisos y Ruta hacia un planeta 50-50 al 2030, elaborado por el Grupo Interagencial de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres y Niñas del UNDG LAC, integrado por 18 entidades de Naciones Unidas.

Si bien es cierto que la reglamentación debe ser ofrecida por el Estado, y que es probable que las empresas no estén dispuestas a implementar un programa de responsabilidad social de manera espontánea, también lo es que el ser socialmente responsables termina siendo más rentable. En México, las compañías tienen la obligación constitucional de concurrir al desarrollo económico nacional, con responsabilidad social. Lo anterior se logra cuando se consolidan como instituciones económicas inclusivas, asumen su papel social con seriedad y desarrollan, promueven y ejecutan programas para la protección de los derechos humanos, los estándares laborales y ambientales, y los vinculan con programas de ética corporativa y medidas anticorrupción que garanticen la remediación en caso de vulneración.

Esta obra muestra los cambios de paradigma para enfrentar la corrupción en sus distintas dimensiones como fenómeno social, político y económico complejo y, particularmente, pone el énfasis en las implicaciones de la corrupción en la garantía de los derechos humanos. Del estudio fragmentado se ha pasado a un enfoque que promueve el diálogo entre distintos regímenes jurídicos que lo regulan. Una tendencia creciente se constata precisamente en establecer el vínculo entre la corrupción y los derechos humanos desde el derecho internacional, y advirtiendo la necesaria complementariedad de ambos discursos.