El propósito de la autoevaluación es el análisis regular, por las propias organizaciones, de sus procesos y resultados de gestión para identificar los puntos fuertes y las deficiencias y determinar los oportunos planes de mejora. El Marco Común de Evaluación (CAF) es una herramienta de gestión de la calidad total, desarrollada por y para el sector público e inspirada en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). Está basada en la premisa de que los resultados excelentes en el rendimiento de la organización, en los ciudadanos/clientes, en las personas y en la sociedad se alcanzan por medio de un liderazgo que dirija la estrategia y planificación, las personas, las alianzas, los recursos y los procesos. El modelo examina la organización desde distintos ángulos a la vez, con un enfoque holístico del análisis del rendimiento de la organización. Desde su lanzamiento, más de 3000 organizaciones públicas se han registrado para usarlo y otros miles de ellas, dentro y fuera de Europa, lo usan para sus propios fines específicos de desarrollo. Esta es la tercera revisión del CAF.

Se hace un llamado urgente al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones dimanantes del PIDESC, de la Agenda 2030 y otros compromisos internacionales, para adoptar políticas, regulaciones, programas y medidas en materia económica, hídrica, energética, ambiental y de desarrollo urbano –esferas estrechamente relacionadas con los ODS reportados este año- congruentes con los tres pilares del desarrollo sostenible. Así también, apelamos al gobierno mexicano a priorizar los derechos humanos y la protección ambiente para mantener la integralidad, indivisibilidad y universalidad de la Agenda 2030. Finalmente, reiteramos la urgencia de garantizar la participación sustantiva y crítica de la sociedad civil en la implementación y monitoreo de la Agenda 2030 en México.

En el marco del objetivo estratégico de “Contribuir al diseño e implementación de prácticas y políticas públicas que favorezcan la construcción de ciudadanía en México” de la ENEC 2011-2015, el proyecto Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México – desarrollado de manera conjunta con El Colegio de México- tiene como objetivo poner a disposición de la sociedad información objetiva, actualizada y relevante sobre valores, percepciones y prácticas de la ciudadanía en nuestro país, a través de seis dimensiones analíticas: Estado de Derecho y Acceso a la Justicia; Participación Política; Sociedad Civil y Participación no Electoral; Vida Comunitaria; Valores Democráticos; Redes de Asociación e Implementación. Dicha información fue generada a través de una encuesta a ciudadanos, representativa a nivel nacional y de un estudio focalizado dirigido a indagar sobre las asociaciones ciudadanas y sus redes de colaboración. Un equipo de reconocidos especialistas en el ámbito de la investigación social fue responsable de la elaboración de los fundamentos teóricos, metodológicos y analíticos del proyecto. Los datos y las conclusiones del Informe país buscan ser un referente que aporte a la comprensión de los factores que inciden en la construcción de una ciudadanía democrática y a la formulación de acciones y políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de los derechos ciudadanos de las y los mexicanos.

2013 se ha posicionado como el año del gobierno abierto. El progresivo avance de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) supone la consolidación de un proceso que, en menos de dos años, ha logrado contagiar la promesa de promover e implementar políticas públicas fundadas en los principios de la transparencia y del acceso a la información pública, la participación ciudadana, la integridad y un mayor uso de las tecnologías para la apertura y rendición de cuentas en 63 países de todo el mundo. En particular, la región de América Latina y el Caribe se destaca por ser la que tiene la más amplia participación, con 15 países miembros, 14 de los cuales cuentan con planes de acción en proceso de implementación y/o evaluación que recogen sus compromisos de gobierno abierto (Trinidad y Tobago es el próximo país que presentará un plan). A la fecha, algunos países están desarrollando procesos de consulta pública y espacios de participación para formular nuevos compromisos de gobierno abierto para un nuevo período. Por ello, conviene detenerse en analizar la experiencia comparada en la región a partir de la revisión de los compromisos impulsados en los planes de acción y la visión que los propios actores involucrados tienen sobre el proceso. Todo ello como parte de la necesaria reflexión que permita seguir abonando en este territorio emergente que se va configurando como un nuevo paradigma de reforma de la política y de la gestión pública en el siglo XXI.

This paper is based on the conclusions of a workshop entitled ‘Perspectives on Open Government in Latin America’, organised by the Latin America International Affairs Program (LAIAP) of LSE IDEAS on 30 October 2013. Sponsored by the World Bank Group, the OGP’s Civil Society Coordination, the Organisation of American States (OAS), the Government of Peru, the Federal Institute of Access to Public Information of Mexico (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública—IFAI) and the Alianza Regional por la Libertad de Expresion e Informacion, the event brought together more than 40 representatives from Latin American national governments, civil society and multilateral organisations with the objective of deepening the understanding of the OGP, its main challenges and opportunities within the regional context. The event was convened by Fabrizio Scrollini, a PhD candidate at the LSE Government Department. This report was co-written by Dr Ursula Durand Ochoa and Fabrizio Scrollini. The analysis is also based on the discussions and debates that took place during the 2013 OGP London Summit.

The World Justice Project (WJP) joins previous efforts to produce reliable data on open government through the WJP Open Government Index™ 2015, a report that measures government openness in practice based on the experiences and perceptions of the general public and in-country experts worldwide. We hope this biennial publication, anchored in actual experiences, will enhance efforts to evaluate the extent to which countries provide official information to their citizens, encourage community involvement, and improve government responsiveness. The WJP Open Government Index 2015 provides scores and rankings on four dimensions of government openness: (1) publicized laws and government data, (2) right to information, (3) civic participation, and (4) complaint mechanisms. These dimensions are intended to reflect how people experience varying degrees of openness in their daily interaction with government officials.

The 2030 Agenda for Sustainable Development demands bold action. It will require coordinating policy on multiple fronts, forming new partnerships, and committing significant resources across the globe. It also requires an open and accountable approach to implementation. With government and civil society working together in 66 countries to make governments more open and effective, the Open Government Partnership (OGP) presents a unique opportunity to advance the 2030 Agenda. This special edition of the Open Government Guide focuses on how an open government approach can spur progress across the 17 Goals, including in improving public services and ultimately, in reducing poverty. Many OGP countries are already tackling these challenges by promoting transparency and accountability, empowering citizens and civil society, fighting corruption, and harnessing new technologies in their national action plans, examples of which are showcased here. Also highlighted are illustrative commitments drawn from the Open Government Guide for inclusion in future action plans. We invite government and civil society open government champions around the world to build on these ideas in the coming months with their own suggestions of open government policies that advance the SDGs.

En la actualidad, distintos países en todo el mundo han iniciado un proceso progresivo para promover e impulsar estrategias ligadas al concepto de “gobierno abierto”. Basado en los principios de la transparencia y apertura, participación y colaboración, el gobierno abierto se ha posicionado como un paradigma emergente que intenta responder al agotamiento de los modelos tradicionales de gobernanza en un mundo que esta cambiando radical y vertiginosamente. El artículo realiza una rigurosa aproximación al debate sobre el origen, alcances y perspectivas del concepto, y da cuenta de sus principales elementos constitutivos. Por otro lado, discute la idea de entenderlo como una plataforma para la participación y la colaboración a través de ecosistemas abiertos de datos que favorezcan la co-creación, el co-diseño y la co-gestión de servicios, en un contexto donde la confianza, la coresponsabilidad y el compromiso son elementos clave para el proceso de cambio que experimentan los gobiernos y las administraciones públicas.

The United Nation’s High-Level Report on the Post-2015 Development Agenda called for a “fundamental shift to recognise the significant role of institutions in contributing to citizens’ well-being (HLP, 2013). This message was echoed by the Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDGs) which put forward a proposal including targets for reducing corruption, promoting transparency, access to information and accountability, as well as ensuring decision-making processes are more inclusive and representative. Statisticians are starting to recognise governance statistics as a fourth leg of official statistics, alongside economic, social and environmental statistics. This Post-2015 Reflections Paper outlines the importance of effective institutions for sustainable development and examines what steps are being taken to achieve the change required.

Open government data (OGD) as a concept is gaining currency globally due to the strong advocacy of global organisations as Open Government Partnership. In recent years, there has been increased commitment on the part of national governments to proactively disclose information. However, much of the discussion on OGD is at the national level, especially in developing countries where commitments of proactive disclosure is conditioned by the commitments of national governments as expressed through the OGP national action plans. However, the local is important in the context of open data. In decentralized contexts, the local is where data is collected and stored, where there is strong feasibility that data will be published, and where data can generate the most impact when used. This synthesis paper wants to refocus the discussion of open government data in sub-national contexts by analysing nine country papers produced through the Open Data in Developing Countries research project. Using a common research framework that focuses on context, governance setting, and open data initiatives, the study found out that there is substantial effort on the part of sub-national governments to proactively disclose data, however, the design delimits citizen participation, and eventually, use. Second, context demands diff erent roles for intermediaries and diff erent types of initiatives to create an enabling environment for open data. Finally, data quality will remain a critical challenge for sub-national governments in developing countries and it will temper potential impact that open data will be able to generate.

El propósito de este estudio es analizar el diseño y el funcionamiento del Consejo desde la perspectiva de la participación ciudadana para contar con una línea de base que permita conocer sus alcances y limitaciones, así como la calidad y los resultados del proceso participativo. El documento tiene la siguiente estructura. En el primer capítulo, se presenta una breve descripción de los antecedentes y los elementos de la política nacional de cambio climático, que definen el contexto institucional en el cual se inserta el Consejo. En el segundo capítulo se describe de forma general el Consejo y su operación desde 2013 a la fecha. En el tercer capítulo se describe la metodología utilizada para el análisis del diseño institucional y la operación del Consejo. En el cuarto capítulo se presentan los resultados del análisis del diseño institucional. En el quinto capítulo, se presentan los resultados del análisis de la operación del Consejo en la etapa 2013-2016. El sexto capítulo aborda los hallazgos y las conclusiones del análisis. Por último, en el séptimo capítulo se presenta una serie de recomendaciones sobre los aspectos de mejora en el diseño y operación del Consejo a partir de los hallazgos.

ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, e IDEA Internacional presentan la publicación “Mujeres y participación política en México. A 60 años del reconocimiento del derecho al voto femenino”como reconocimiento al aporte de las mujeres a la democracia y al desarrollo en México. En ella se informa sobre la situación de la participación de las mujeres en el ámbito federal, estatal y municipal en diferentes ámbitos de la vida pública: en cargos de elección popular, en los poderes ejecutivo y judicial, en los órganos electorales y en los partidos políticos. El diagnóstico pone de manifiesto los avances pero también la persistencia de obstáculos para la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones. La publicación presenta una serie de propuestas para acelerar el ritmo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y asegurar los derechos humanos de las mujeres en relación con su plena participación política y el desempeño paritario de funciones públicas en todos los poderes y órdenes de gobierno.

México ha transitado por varias etapas en la relación gobierno-ciudadanía a lo largo de su proceso democrático. En la primera etapa de la transición (1977-1988) el foco de atención radicó en ampliar la pluralidad política y fortalecer el sistema de partidos. Entre 1985 y 1988, con un número creciente de ciudadanos organizándose para distintas tareas cívicas, un nuevo marco para la participación ciudadana en la vida cívica empezó a desarrollarse. Para 1991, era evidente que la política pública necesitaba canales adicionales para canalizar nuevas formas de participación social. Surge así la contraloría social de los programas sociales, pero sobretodo un impulso social de vigilancia y control de la gestión pública que años después se enriquecería con la agenda de transparencia y rendición de cuentas y participación social. En 2002, ambas agendas --contraloría social y transparencia-- convergen por primera vez en el Manual Ciudadano. En ese año, Transparencia Mexicana y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), aún sin ley de transparencia decidieron abrir padrones de beneficiarios y las reglas de operación de los programas al escrutinio de beneficiarios y de la sociedad en general. A veinte años del surgimiento de la contraloría social y una década del primer Manual Ciudadano sobre programas sociales, es necesario consolidar lo avanzado. Institucionalizar los programas sociales significa consolidar los esfuerzos normativos, de fiscalización, transparencia y participación social, que de manera aislada y en ocasiones poco coherente surgieron en los últimos veinte años. Institucionalizar los programas sociales significa que los derechos garantizados por nuestra constitución y hechos exigibles por la reforma constitucional de 2011, sean idénticos para todos los ciudadanos y en todos los rincones del país.

Con el objetivo de acelerar los procesos para que las mujeres ejerzan en igualdad de condiciones sus derechos políticos, el área de Género del Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres e Idea Internacional han trabajado, desde 2011, en el proyecto: ATENEA: Mecanismo de Aceleración de la Participación Política de las Mujeres, que tiene cuatro estrategias como pilares: información, análisis, comunicación y acción.

El presente diagnóstico es el resultado de una iniciativa que se basa en una permanente suma de esfuerzos y acción coordinada que ha involucrado a las tres organizaciones que la impulsan (PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional) a nivel regional, así como a sus oficinas en el ámbito nacional. El diagnóstico de Panamá que aquí presentamos es el resultado de la primera aplicación del proyecto Atenea en un país. La información recabada y el análisis realizado pretenden ofrecer un panorama integrado y ordenado del estado de situación de la participación política de las mujeres en Panamá con el objetivo de que contribuya a generar debates y sinergias entre los agentes impulsores de la Mesa, fortaleciendo una democracia más inclusiva e igualitaria en Panamá.

Uno de los grupos marginados, específicamente en el acceso a representar a su población en la política y en la toma de decisiones para mejorar sus condiciones de vida, es el de las mujeres. Su escasa presencia en cargos legislativos y ejecutivos en el mundo, es una de las inquietudes que nos presenta la politóloga Andira Hernández Monzoy en este libro de la serie Temas Selectos de Derecho Electoral. La autora hace un análisis de la participación y representación política de las mujeres en las democracias contemporáneas. Específicamente estudia la equidad de género y la democracia interna de los partidos políticos y de manera particular las políticas partidistas que intentan la inclusión política de las mujeres en América Latina. Al ser los partidos políticos los responsables del acceso a cargos de representación en las democracias, el texto tiene la finalidad de destacar la actuación de estas instituciones políticas para promover la participación de las mujeres en la política.

The concept of open government, having been promoted widely in the past 5 years, has promised a broader notion than e-government, as supposed to fundamentally transform governments to become more open and participative and collaborative. Unfortunately, this has not significantly enhanced a set of fundamental problems regarding e-government. One of the problems is that the underlying democratic ideology is rarely clearly expressed. In this paper, we have therefore constructed a framework for the analysis of open government from a democratic perspective, to explore the research foundation of open government and the types of research missing. We have looked closely at the notion of democracy in peer-reviewed journals on open government from 2009 to 2013, focusing on discussions of some fundamental issues regarding democracy and the type of solutions suggested. We have found that despite seemingly good intentions and an extensive rhetoric, there is still an apparent lack of adequate tools in which public deliberation and representation are addressed in any meaningful sense. There are two main important observations herein: (i) the rhetoric in the dominant discourse supports the concept of open government formulated by the Obama administration as transparency, participation, and collaboration, but in practice, the focus is predominantly on transparency and information exchange, while ignoring fundamental democratic issues regarding participation and collaboration, and (ii) the concept of the public is inadequately considered as a homogenous entity rather than a diversified group with different interests, preferences, and abilities.

En 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó como parte del Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 el Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público (1173), el cual tiene como propósito contribuir al establecimiento de un Programa de Integridad Institucional en todo ente de gobierno, a fin de que se homologue en el conjunto de las instituciones gubernamentales un sistema anticorrupción basado en criterios técnicos. Los Programas de Integridad Institucional han demostrado ser, en los países donde se han aplicado, elementos centrales para prevenir, identificar, evaluar y disuadir la ocurrencia de actos corruptos, así como para sancionar a los responsables. Pero, aún más importante, permiten corregir las fallas estructurales detectadas para evitar la reincidencia de los actos irregulares ya cometidos. Con objeto de facilitar la implementación de dicho Estudio en la realidad práctica y operativa de las instituciones, y como una contribución al Sistema Nacional de Fiscalización, la ASF ha desarrollado la presente guía para orientar sobre las etapas fundamentales al establecer un programa anti-corrupción.

This paper sets out a number of practical mechanisms for setting and institutionalising high standards of ethical conduct integrity and good Governance for elected officials and civil servants, based on the experience of Australia, New Zealand, Canada, the UK, Korea, Morocco and Ethiopia. In summary, the introduction of relevant Codes of Ethics and Conduct, to be effective, needs to be supported by a range of other mechanisms, training, and leadership by managers and political leaders alike. Examples of such mechanisms are given.

México avanza lentamente por el camino hacia la igualdad de género. Muchas políticas públicas encaminadas a empoderar a las mujeres ya están en marcha: en las dos últimas décadas, México ha incrementado la inversión en educación para niñas, aumentó considerablemente el cupo en estancias infantiles y en preescolar, mejoró la incorporación de la transversalidad de género en el gobierno y aseguró que las mujeres estén bien representadas en las elecciones. Sin embargo, sigue habiendo grandes diferencias entre los sexos en cuanto a resultados educativos, participación en el mercado laboral, remuneraciones, informalidad y horas dedicadas al cuidado infantil y tareas domésticas no remuneradas. “Llevar a México a su máximo potencial”, como prescribe el Plan Nacional de Desarrollo, dependerá crucialmente de cuánto se cierren las brechas de género en la vida política, social y económica, y se promueva un cambio social verdadero.