México ha transitado por varias etapas en la relación gobierno-ciudadanía a lo largo de su proceso democrático. En la primera etapa de la transición (1977-1988) el foco de atención radicó en ampliar la pluralidad política y fortalecer el sistema de partidos. Entre 1985 y 1988, con un número creciente de ciudadanos organizándose para distintas tareas cívicas, un nuevo marco para la participación ciudadana en la vida cívica empezó a desarrollarse. Para 1991, era evidente que la política pública necesitaba canales adicionales para canalizar nuevas formas de participación social. Surge así la contraloría social de los programas sociales, pero sobretodo un impulso social de vigilancia y control de la gestión pública que años después se enriquecería con la agenda de transparencia y rendición de cuentas y participación social. En 2002, ambas agendas --contraloría social y transparencia-- convergen por primera vez en el Manual Ciudadano. En ese año, Transparencia Mexicana y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), aún sin ley de transparencia decidieron abrir padrones de beneficiarios y las reglas de operación de los programas al escrutinio de beneficiarios y de la sociedad en general. A veinte años del surgimiento de la contraloría social y una década del primer Manual Ciudadano sobre programas sociales, es necesario consolidar lo avanzado. Institucionalizar los programas sociales significa consolidar los esfuerzos normativos, de fiscalización, transparencia y participación social, que de manera aislada y en ocasiones poco coherente surgieron en los últimos veinte años. Institucionalizar los programas sociales significa que los derechos garantizados por nuestra constitución y hechos exigibles por la reforma constitucional de 2011, sean idénticos para todos los ciudadanos y en todos los rincones del país.

La pandemia por COVID-19 ha hecho evidente la promesa incumplida de la protección social en América Latina y el Caribe. Los gobiernos de la región han utilizado primordialmente programas de transferencias monetarias para amortiguar los efectos sociales y económicos de la pandemia. En este documento describimos cómo estos programas han servido como vehículo para llegar a la población vulnerable. Mostramos que los países de la región han usado los sistemas de información de protección social existentes para identificar o afiliar a la población, así como para entregar las transferencias, aunque condicionados por la cobertura previa de los programas y la interoperabilidad de los registros con otras fuentes de información. Para ello, analizamos las respuestas a la pandemia, distinguiendo las formas en las que los países innovaron con sus programas, las coberturas y montos de las transferencias entregadas, y estudiamos las características de los sistemas de información social.

La Guía para el diseño, monitoreo y evaluabilidad de programas sociales con el enfoque de la Agenda 2030 en el Estado de Yucatán es una herramienta novedosa e integral que retoma los principios de la Gestión por Resultados para el Desarrollo (GpRD) los cuales han sido fortalecidos de manera práctica con el enfoque y dimensiones de la Agenda 2030. Su contenido está dirigido a funcionarias y funcionarios públicos responsables de diseñar, instrumentar, monitorear y evaluar planes y políticas públicas de carácter social que busquen incorporar los principios y objetivos de la Agenda 2030, así como a personas interesadas en conocer la estructura de los programas sociales con un enfoque de sostenibilidad y derechos humanos, impulsados por la Agenda 2030.