Accede y descarga bibliografía especializada de nuestra biblioteca digital. Está integrada por un motor de búsqueda para la consulta de documentos que facilitan el aprendizaje continuo, la innovación y el intercambio de conocimiento.
Este documento presenta el informe final del proceso de adaptación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” (ODS 16) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El Gobierno de la Ciudad se ha propuesto acompañar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a través de la incorporación, y el monitoreo, de dicha agenda en sus estrategias, planes y acciones. En esta etapa, el foco se ha puesto en el ODS 16 y particularmente en las dimensiones referidas al gobierno abierto, uno de los ejes estratégicos de la gestión (metas 16.5, 16.6, 16.7 y 16.10).
National Human Rights Institutions (NHRIs) are central to strong national systems for protection and promotion of human rights. These institutions, operating in a variety of contexts, can be instrumental in supporting democratic governance, preventing human rights violations and the escalation of conflicts, strengthening the rule of law and advancing the rights of the most marginalized and vulnerable groups. To play these demanding roles effectively, NHRIs require solid capacities to safeguard their independence and resilience to possible changes in governance infrastructures or political changes. Eight Global Principles for capacity assessments of NHRIs have been identified on the basis of considerable experience and good practices developed over the years. These principles encompass compliance with human rights norms and standards, highlighting the values that underpin effective practices. The Global Principles and the wealth of analysis contained in this volume guide and strengthen capacity assessments and development of NHRIs across the world.
La presente guía espera dar respuesta a la creciente demanda de orientación, por parte de las Oficinas de País del PNUD y de numerosas partes interesadas nacionales, en torno a la multitud de herramientas y métodos utilizados para medir, evaluar y supervisar la gobernabilidad a escala local. El término “gobernabilidad local” utilizado en la guía abarca el conjunto de temas de gobernabilidad tratados en el ámbito local, incluida la descentralización de políticas y procesos, el papel y las relaciones entre los distintos actores e instituciones y el desempeño de la democracia y del gobierno local. La guía expone asuntos teóricos y conceptuales relacionados con la gobernabilidad local y analiza iniciativas pasadas y actuales de evaluación de gobernabilidad local. La proliferación de diferentes evaluaciones e indicadores ha propiciado cierta confusión sobre las herramientas que se deben utilizar,su aplicación,sus ventajas y desventajas.
The United Nation’s High-Level Report on the Post-2015 Development Agenda called for a “fundamental shift to recognise the significant role of institutions in contributing to citizens’ well-being (HLP, 2013). This message was echoed by the Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDGs) which put forward a proposal including targets for reducing corruption, promoting transparency, access to information and accountability, as well as ensuring decision-making processes are more inclusive and representative. Statisticians are starting to recognise governance statistics as a fourth leg of official statistics, alongside economic, social and environmental statistics. This Post-2015 Reflections Paper outlines the importance of effective institutions for sustainable development and examines what steps are being taken to achieve the change required.
México ha transitado por varias etapas en la relación gobierno-ciudadanía a lo largo de su proceso democrático. En la primera etapa de la transición (1977-1988) el foco de atención radicó en ampliar la pluralidad política y fortalecer el sistema de partidos. Entre 1985 y 1988, con un número creciente de ciudadanos organizándose para distintas tareas cívicas, un nuevo marco para la participación ciudadana en la vida cívica empezó a desarrollarse. Para 1991, era evidente que la política pública necesitaba canales adicionales para canalizar nuevas formas de participación social. Surge así la contraloría social de los programas sociales, pero sobretodo un impulso social de vigilancia y control de la gestión pública que años después se enriquecería con la agenda de transparencia y rendición de cuentas y participación social. En 2002, ambas agendas --contraloría social y transparencia-- convergen por primera vez en el Manual Ciudadano. En ese año, Transparencia Mexicana y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), aún sin ley de transparencia decidieron abrir padrones de beneficiarios y las reglas de operación de los programas al escrutinio de beneficiarios y de la sociedad en general. A veinte años del surgimiento de la contraloría social y una década del primer Manual Ciudadano sobre programas sociales, es necesario consolidar lo avanzado. Institucionalizar los programas sociales significa consolidar los esfuerzos normativos, de fiscalización, transparencia y participación social, que de manera aislada y en ocasiones poco coherente surgieron en los últimos veinte años. Institucionalizar los programas sociales significa que los derechos garantizados por nuestra constitución y hechos exigibles por la reforma constitucional de 2011, sean idénticos para todos los ciudadanos y en todos los rincones del país.
La SFP y el PNUD en México se unieron para realizar esta publicación, que busca activar discusiones sobre las diferentes formas de abordar el fenómeno desde la política pública y para impulsar la gobernanza efectiva y la construcción de instituciones sólidas como catalizadoras del desarrollo sostenible. Los capítulos del libro abordan la relación entre el desarrollo y la corrupción, las causas que generan dicho flagelo, cómo prevenirlo, la relevancia de la confianza en las instituciones, el impacto en las mujeres y las niñas, entre otros temas, donde las y los autores analizan estos vínculos, mediante el uso de datos, el examen de instituciones legales y la atención a los mecanismos políticos.