El Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, es un mecanismo de participación ciudadana institucionalizado a nivel federal, sectorizado a medio ambiente, que apareció con la Ley General de Vida Silvestre. Este mecanismo sigue una tradición participativa en el sector ambiental, que ha sido vanguardia en la Administración Pública Federal. Sin embargo, el modelo de base para la conformación de este mecanismo, proviene del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable (CCDS), de mediados de los años noventa. Ello implica, necesariamente, una visión de poco más de 25 años de antigüedad (el CCDS, se conformó a partir de la Cumbre de Río de 1992).





Bajo los nuevos estándares de la participación ciudadana, que la reconocen como un derecho humano y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como meta al 2030, es necesario replantear la pertinencia y actualización en el diseño de este espacio participativo. Por ello, el Proyecto “Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Gobernanza Ambiental para la Sustentabilidad”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, ha propuesto la revisión del diseño de este Consejo Técnico, desde un enfoque de derechos y de democracia participativa. Todo esto en el marco de un esfuerzo interinstitucional de colaboración entre el PNUD y el gobierno mexicano, a través de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.





Esperamos que los resultados presentados en este documento, así como las recomendaciones propuestas, sirvan de base a la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat para una actualización de este importante espacio ciudadano y con ello, sumar a los esfuerzos nacionales por conservar de forma participativa la biodiversidad mexicana.

Este informe aborda el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios en México, una obligación del Estado mexicano para garantizar la participación de estas comunidades en la toma de decisiones de asuntos susceptibles de modificar sus formas de vida y, con ello, sus derechos, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. A través de un análisis basado en las experiencias de personas que han participado en procesos de consulta de macroproyectos energéticos y de hidrocarburos, el informe busca problematizar el reto para el desarrollo que implica alcanzar el ejercicio pleno del derecho en México y proponer ejes de acción que atiendan las causas de los problemas identificados desde un enfoque sistémico. El objetivo es conformar un portafolio de intervenciones con potencial para impulsar cambios sistémicos y de largo plazo.