En 2013 el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) desarrolló la Metodología para el seguimiento y evaluación del proceso de implementación del sistema penal acusatorio, con base en una serie de indicadores que permitió establecer un ranking nacional del avance de la implementación. Posteriormente la Metodología se adapta para evaluar el nivel en la operación del sistema de justicia. Después de 8 años en el proceso de implementación, el sistema acusatorio ya opera formalmente en todo el territorio nacional y para todos los delitos, sin embargo el trabajo no termina en este punto, se necesita seguir con la consolidación del mismo para garantizar su correcta operación y funcionamiento. Es por esto que CIDAC presenta una nueva metodología para convertirla en un instrumento enfocado a la medición de la consolidación del sistema de justicia.

The OECD has rekindled the debate on measuring the performance of regulatory instruments and regulatory oversight institutions. This report presents and appraises indicators suitable for measuring the performance of smart regulation programs. These reform programmes cover the production and implementation of regulation across sectors, enhance governmental capacity to provide high-quality regulation, and are neutral to the total level of state intervention and regulatory activity. It distinguishes between various types of indicators situated at different points of regulatory policy: the Input to regulatory action, the Process of guiding regulators through requirements, the Output generated during a given period of time, the Intermediate outcomes such as behavioural and cognitive changes, and the Final outcomes. After having examined the usage of indicators in various OECD member states, the report appraises a large number of regulatory indicators by using a set of criteria, suggesting how and when they should be adopted, and for which purposes.

This study provides a critical literature review of the theory and quantitative evidence of the impact of regulatory policy. The theory is addressed through a causal chain analysis which connects regulatory policy through the “better regulation” agenda to economic outcomes. The literature review is intended to provide a reasonably representative sample of studies on regulatory policy and governance in general; administrative simplification and reducing regulatory burdens; ex ante and ex post analyses of regulations; consultation, transparency and accountability; and regulatory institutions. The main policy lessons are highlighted, alongside discussion of the limitations of the literature in terms of content and coverage.

En los últimos años, hemos ido avanzando en el desarrollo de una base conceptual y metodológica para mejorar los procesos de evaluación de programas y proyectos. Asimismo, existe un importante corpus de recursos para el enfoque de la igualdad de género así como para el ámbito de los derechos humanos. Respecto al enfoque intercultural, el progreso ha sido más lento y, en muchos casos, parcial. Se ha asociado con los procesos de consulta a los pueblos indígenas en el momento de preparar o evaluar un proyecto de una región o un área en la que viven. Estos enfoques comparten determinadas características: hacen hincapié en los derechos humanos y la justicia social; analizan relaciones sociales asimétricas; promueven las relaciones culturales competentes entre el equipo de evaluación y los miembros de la comunidad o las organizaciones sociales; utilizan métodos combinados y apropiados culturalmente para la acción social; y aplican la teoría feminista, la teoría crítica de la raza, teorías postcoloniales, etc. Esta guía se ha elaborado con la intención de integrar estos enfoques en el ciclo de evaluaciones de ONU Mujeres. Se trata de una herramienta práctica para aquellas personas que realizan, gestionan y/o utilizan evaluaciones.

This paper develops a framework for systematically evaluating the performance of regulations and regulatory policies. Offering an accessible account of the fundamentals of evaluation, the paper explains the need for indicators to measure relevant outcomes of concern and research designs to support inferences about the extent to which a regulation or regulatory policy under evaluation has actually caused any change in the measured outcomes. Indicators depend on the specific problems of concern to policymakers as well as on data availability, but the best indicators will generally be those that measure the ultimate problem the regulation or policy was intended to solve. In addition, research designs should seek to emulate the structure of laboratory experiments in order to permit valid causal inferences about the impacts of a regulation or policy under review. The paper discusses strategies for controlling confounders and attributing broad economic effects to regulation.

Performance in schools is increasingly judged on the basis of effective learning outcomes. Information is critical to knowing whether the school system is delivering good performance and to providing feedback for improvement in student outcomes. Countries use a range of techniques for the evaluation and assessment of students, teachers, schools and education systems. Many countries test samples and/or all students at key points, and sometimes follow students over time. International assessments such as PISA provide additional information and useful external comparators. Some countries also use inspection services to evaluate teachers and/or schools and teacher evaluation is becoming more widely used.





This Review provides analysis and policy advice to countries onthe following overarching policy question: “How can assessment and evaluation policies work together more effectively toimprove studentoutcomes in primary and secondary schools?”

Este documento tiene el propósito de ser el marco general de referencia, orientación y presentación de PLANEA. Otros textos, como los marcos de referencia de las diferentes pruebas y el manual técnico de PLANEA, lo complementan. Se organiza en siete apartados. En el primero se exponen los fundamentos legales y los antecedentes de evaluación de PLANEA; en el segundo se describen sus propósitos; en el tercero se presentan las dos modalidades de evaluación que lo componen; el cuarto contiene información sobre lo que evalúa PLANEA y de los elementos que se utilizan para contextualizar las evaluaciones; el quinto incluye el cronograma de sus aplicaciones, así como algunas consideraciones sobre la renovación y el mantenimiento de sus instrumentos de evaluación; el sexto contiene elementos para la difusión y el uso de los resultados de las evaluaciones, y en el séptimo se señalan elementos para la estrategia de revisión y seguimiento del Plan. En un último apartado se presentan algunas reflexiones finales sobre el sentido de PLANEA.

La Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE) representa un hecho histórico para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y para México. Por ello, la primera tarea al constituir el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), fue diseñar un marco que permitiera definir sus actividades y estrategias: el Documento rector de la PNEE, hoy al alcance de los responsables de conducir la educación en nuestro país. La PNEE se sustenta en siete ejes principales con metas muy específicas proyectadas hacia el 2020, cuya misión es contribuir a que el Estado mexicano sea el garante de una educación de calidad, derecho consagrado en nuestra Constitución para todas las niñas, los niños y los adolescentes que habitan nuestro país. Este documento es, sin duda, muy ambicioso, pero debe estar a la altura de los desafíos educativos del país. Nos plantea escenarios a mediano plazo que, al lograrse, nos colocarán en un plano distinto: habremos avanzado en la construcción de una cultura de la evaluación, habremos cambiado paradigmas para hacer política educativa basada en evidencias. Tendremos, asimismo, información organizada, sistematizada y priorizada en función de las necesidades educativas; rendiremos cuentas a la sociedad sobre nuestro actuar e implementaremos decisiones educativas eficazmente dirigidas a resolver problemáticas relevantes. Con todo esto, no hay duda, estaremos avanzando hacia la garantía del derecho a una educación de calidad para todos.

El objetivo de esta publicación es aportar ideas sobre las oportunidades y desafíos que debe afrontar México para consolidar un marco de políticas para el aprendizaje a lo largo de la vida, a partir del progreso y el enfoque vanguardista adoptado por el país para introducir un modelo de formación basado en competencias; mismo que ya abarca habilidades profesionales, académicas y aquéllas relacionadas con la empleabilidad. Un marco de aprendizaje a lo largo de la vida que promueva el aprendizaje a través del ciclo de vida ayuda a garantizar que la fuerza laboral desarrolle las competencias demandadas por el mercado antes de unirse al mismo, y al mismo tiempo, permite que durante su vida laboral los trabajadores actualicen sus habilidades y aumenten su productividad.

Este documento ofrece algunos insumos para ayudar a las deliberaciones de la Segunda Reunión Intergubernamental de Ministros de Educación del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC), realizada en marzo de 2007 en Buenos Aires, Argentina. El tema central es la educación de calidad para todos, entendida como un bien público y un derecho humano fundamental que los Estados tienen la obligación de respetar, promover y proteger, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento de toda la población. Los países de la región han llevado a cabo destacados esfuerzos para aumentar la educación obligatoria, mejorar la infraestructura, diseñar nuevos currículos y mejorar la formación de los docentes. Sin embargo, es preciso redoblar los esfuerzos para lograr las metas de Educación para Todos. Las personas y colectivos más vulnerables se encuentran en una situación de desigualdad en lo que se refiere al acceso, a la continuidad de estudios y a los logros de aprendizaje. Esto muestra la necesidad de mejorar los diseños de las políticas públicas y desarrollar acciones específicas para lograr una educación de calidad para todos. La región tiene que dar un salto desde la igualdad de oportunidades en el acceso, a la igualdad de oportunidades en la calidad de la oferta educativa y los resultados de aprendizaje.

El objetivo de este libro es doble. Primero, consiste en colocar algunos problemas públicos prioritarios sobre la mesa de debate de los candidatos presidenciales y en la agenda de trabajo de la próxima administración. Segundo, busca que las recomendaciones que hace México Evalúa para resolver estos problemas sean discutidas y, eventualmente, tomadas en cuenta a la hora de implementar acciones o promover reformas en los ámbitos correspondientes. Cada capítulo se construye como un policy brief, que plantea un problema público, detalla sus causas, revisa cómo se ha abordado hasta la fecha, antes de presentar las propuestas para resolverlo.

El INEE emite las presentes directrices cuyo objetivo es presentar propuestas de intervención pública para mejorar la atención educativa de familias de jornaleros agrícolas migrantes, a quienes se reconoce, de entre muchos grupos, como los que posiblemente enfrentan las condiciones más precarias y de mayor vulnerabilidad en nuestro país. Estas directrices tienen como insumo principal los resultados de la Evaluación externa de la implementación de la política educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes migrantes agrícolas, la cual tuvo como fin valorar los alcances y déficits de la acción gubernamental en los últimos años. Además, se revisaron las conclusiones y recomendaciones de 21 evaluaciones que se han hecho a los principales programas enfocados a la atención de este grupo, los hallazgos más relevantes de la investigación educativa, y experiencias nacionales e internacionales. Las directrices son resultado de una construcción participativa: incorporan las observaciones y propuestas de distintos actores clave, vertidas en varios foros de interlocución que el Instituto llevó a cabo entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015 con autoridades educativas — federal y estatales—, expertos en el tema, y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

This brief article comments on the special issue on SDGs - Knowledge and Politics in Setting and Measuring the SDGs. Acknowledging that the articles in the issue show how reliance on indicators changes the way development is conceived,Merry asks why is it so difficult to produce better indicators. If they are too narrow, why not simply produce more? She arguesthat conceiving of measurement as an infrastructure provides important insight into these questions.

Tradicionalmente, las escuelas normales han sido las encargadas de formar a los docentes de educación básica del país; sin embargo, en los últimos años ha crecido la participación de otras instituciones de educación superior (IES) en la formación de estos profesionales. La oferta educativa de las normales coexiste ya desde hace tiempo con una que proviene de universidades públicas y privadas. De este conjunto heterogéneo de instituciones han egresado los aspirantes a las plazas docentes de educación básica en los últimos años. De él han salido también los candidatos que obtuvieron resultados idóneos o no idóneos en los concursos de oposición 2014 y 2015 para ingresar al servicio público educativo. En este mapa institucional y de desafíos educativos las directrices que aquí se presentan se ocupan del ámbito de la formación inicial de los docentes de educación básica; si bien ponen especial énfasis en las escuelas normales, también subrayan el papel que ha tenido y tendrá en el futuro inmediato el resto de las IES.

The process of designing the 2030 Agenda for Sustainable Development was intensely political, as it can be expected of United Nations negotiations of that magnitude. Inevitably, those politics have spilled over into the technical process of formulating global indicators to monitor the Sustainable Development Goals. This commentary explores some of the tensions between competing priorities and various constituencies that affect the design of the global SDG indicator framework.

This Special Issue usefully analyses the links between statistics, knowledge, policy making and politics, and uncovers intended and unintended consequences of using indicators to frame policy. Many civil society organizations (CSOs) were actively involved in the Open Working Group, and some have continued their advocacy into the ongoing process of developing the SDG indicator framework. Some indicators are being reconsidered; but despite repeated efforts there is still no indicator to measure inequality between countries. There is a recognized need for innovative ways to supplement already existing data. The use of proxy measurements is already underway, and initiatives such as a collaboration between some UN agencies and Gallup. The active public engagement in the process that determined the SDGs may help to resist the reductionism often evident in translating from the goals to the targets to the indicators. The 2019 meeting of the High?Level Political Forum (HLPF) will be an essential occasion to address some of these issues and to chart a correction course.

This commentary characterizes the SDG indicator framework as a ‘political thriller’ in which the power struggles are hidden behind the veil of technocratic expertise. Like a Trojan horse, each indicator conceals the theories of change and development that lie within, exerting their interpretive influence. Where the politics will ultimately lead to by 2030 – in shaping policy priorities, power structures, and knowledge about development – is for now unknown and unpredictable.

Thanks to successful strategizing by women's rights organizations, attention to gender equality and women's rights is remarkably wide?ranging in the 2030 Agenda. But the ambition to have gender equality as a crosscutting issue tends to evaporate at the level of targets and indicators. This speaks to the difficulties of using quantitative indicators to capture the largely context?specific and qualitative dimensions of gender equality. Ultimately, some of the concerns about the huge significance attached to the measurement imperative stems from the inordinate weight that the global indicators framework is carrying, effectively substituting for substantive contestation on key policy issues and meaningful accountability mechanisms.

This paper analyses the role of feminist mobilizing in formulating the gender equality agenda of the Sustainable Development Goals (SDGs): the goal (5) to ‘achieve gender equality and empower all women and girls’ and gender?related targets across other SDGs. It explores how three key drivers shaped its contours and the effectiveness: (1) context of socioeconomic and political environment; (2) institutions; and (3) the processes of movement building. While feminist mobilizing led to significant advances in the SDGs relative to the Millennium Development Goals (MDGs), important unresolved barriers of financing and political opposition to women's human rights and gender equality remain and will require continued feminist mobilizing. This paper argues for the need to locate feminist mobilizing for the SDGs in the context of the history and persistence of gender inequality and violations of girls’ and women's human rights, and the struggle against these violations. This history is located within economic, social and political environments that are sometimes more open to progressive social change but often, as in the current global conjuncture, may not be.

The SDGs are important because they set consensus norms. At face value, Goal 10 sets a strong norm on reducing inequality within and between countries. Yet this is undermined and distorted by the targets and indicators which are weak and set an agenda for inclusion rather than for reducing inequalities. This paper explains this paradox as a result of an intense contestation over the framing of the inequality agenda as inclusion, focusing on the poor and excluded, rather than on extreme inequality. The paper provides a detailed account of the negotiations and argues that the insertion of the shared prosperity measure in setting the target on vertical economic inequality (rather than distribution measures such as Gini or Palma ratio) was strategic. It concludes that the political choice over the meaning of a norm is made on what is said to be a technical basis. The technical and political considerations cannot be disentangled and greater transparency on the policy strengths and weaknesses of measurement choices is needed.