El INEE emite las presentes directrices cuyo objetivo es presentar propuestas de intervención pública para mejorar la atención educativa de familias de jornaleros agrícolas migrantes, a quienes se reconoce, de entre muchos grupos, como los que posiblemente enfrentan las condiciones más precarias y de mayor vulnerabilidad en nuestro país. Estas directrices tienen como insumo principal los resultados de la Evaluación externa de la implementación de la política educativa dirigida a niñas, niños y adolescentes migrantes agrícolas, la cual tuvo como fin valorar los alcances y déficits de la acción gubernamental en los últimos años. Además, se revisaron las conclusiones y recomendaciones de 21 evaluaciones que se han hecho a los principales programas enfocados a la atención de este grupo, los hallazgos más relevantes de la investigación educativa, y experiencias nacionales e internacionales. Las directrices son resultado de una construcción participativa: incorporan las observaciones y propuestas de distintos actores clave, vertidas en varios foros de interlocución que el Instituto llevó a cabo entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015 con autoridades educativas — federal y estatales—, expertos en el tema, y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Esta publicación tiene el propósito de poner en valor el progreso alcanzado y reconocer los esfuerzos realizados. También pretende develar los desafíos emergentes para la agenda educativa post 2015 que deberá generar sin duda una nueva visión de la educación en la región. Y es que una educación de calidad para todos a lo largo de la vida, en tanto derecho fundamental de todas las personas, se enfrenta a un contexto de cambio profundo al comenzar el siglo XXI. Es preciso entenderlo y construir un nuevo paradigma acorde a los tiempos.

Este estudio analiza la situación de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes con base en la información estadística disponible, además identifica la cobertura y disponibilidad de los datos y fuentes de información existentes en México y aporta recomendaciones para fortalecer los mecanismos de generación de información en el país, a fin de mejorar las políticas públicas que previenen y atienden la violencia en contra de la niñez y adolescencia.