La presente compilación de leyes, publicada en coedición por la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), tiene como propósito poner a disposición de un amplio público la normatividad fundamental de la Reforma Educativa iniciada en 2012. En este marco legal, la evaluación de la educación tiene una función central en el cumplimiento de los principios de calidad y equidad de la educación a los que el Estado se ha comprometido; en sí misma la evaluación no mejora la educación, pero orienta las medidas para lograrlo. Con la reforma del artículo 3° constitucional, y la adecuación de las leyes secundarias, se construye el soporte legal que le permitirá a este Instituto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y valorar la calidad, el desempeño y resultados de la educación obligatoria en México. Las modificaciones a la Ley General de Educación y la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente —incluidas en esta publicación— fortalecen las funciones de análisis y planeación para el diseño de políticas educativas pertinentes y oportunas, a corto y largo plazos. También implican normar el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de docentes y directivos escolares, ordenar su situación laboral y otorgarles estabilidad. La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación desglosa todos estos mandatos constitucionales.

Esta colección de textos recoge, de manera plural e incluyente, la visión de actores políticos, especialistas, académicos, servidores públicos y legisladores, en torno a las reformas transformadoras impulsadas por el presidente de la República Enrique Peña Nieto y por las principales fuerzas políticas del país, concretadas entre 2012 y 2014, gracias a un proceso inédito de diálogo y acuerdos políticos. El propósito central de esta Colección es dejar un testimonio sobre los principales temas de debate y las posiciones de los diferentes actores políticos en relación con dichas reformas. Adicionalmente, con esta obra nos proponemos difundir por qué era necesaria cada reforma, en qué consiste y qué retos y oportunidades genera para México.

El documento explica, desde el punto de vista del gobierno federal, la pertinencia y objetivos de la Reforma Educativa. Señala que nos enfrentamos a la necesidad de construir un México más libre, justo y próspero, que forma parte de un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. Puntualiza que la Reforma Educativa da la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra nación, alcancen su máximo potencial.

La reforma constitucional en materia educativa, aprobada por el Congreso Constituyente Permanente y promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, representó el inicio de un proceso que sienta las bases para dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y fortalezcan la equidad. Asegura la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación pública obligatoria —preescolar, primaria, secundaria y media superior—; la creación de un servicio profesional docente; el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación —INEE—, como órgano constitucional autónomo y máxima autoridad en materia de evaluación.

Billions of people around the world live at the margins – pushed or kept out, often in silence, without adequate protection of the law. Denied healthcare, citizenship or fair pay, those unprotected by the law have problems that are both real and relentless, impacting their ability to reap the benefits of sustainable development. Despite this crushing reality, access to justice is a bedrock principle undergirding human rights. Despite its centrality, justice was not explicitly included in the Millennium Development Goals (MDGs). This omission was corrected when the SDGs were adopted with a stand?alone goal on justice. While Sustainable Development Goal (SDG) 16 was the result of years of political, strategic and scholarly work by human rights advocates, development practitioners and academics, its promise lies beyond the technocratic realms of development programming, by insisting that people's own experience of justice – and injustice – must remain at the center of efforts to assess progress toward a world where no one is ‘left behind’.

This monitoring and evaluation guide is intended to improve the effectiveness of UNDP's rule of law programming with a view to implement UNDP’s Strategic Plan. It furthers the commitment of the organization in the Plan to ensure the highest standards of delivery of development results through rigorous monitoring and quality assurance and measurement. The guide also responds to an increasing demand from a wide range of national stakeholders and UNDP Country Offices for guidance on how to measure the impact of RoL programmes. This is the first guide that focuses specifically on the measurement of UNDP's rule of law programmes and projects across the spectrum of development settings, including conflict-affected and fragile environments.