The concept of open government, having been promoted widely in the past 5 years, has promised a broader notion than e-government, as supposed to fundamentally transform governments to become more open and participative and collaborative. Unfortunately, this has not significantly enhanced a set of fundamental problems regarding e-government. One of the problems is that the underlying democratic ideology is rarely clearly expressed. In this paper, we have therefore constructed a framework for the analysis of open government from a democratic perspective, to explore the research foundation of open government and the types of research missing. We have looked closely at the notion of democracy in peer-reviewed journals on open government from 2009 to 2013, focusing on discussions of some fundamental issues regarding democracy and the type of solutions suggested. We have found that despite seemingly good intentions and an extensive rhetoric, there is still an apparent lack of adequate tools in which public deliberation and representation are addressed in any meaningful sense. There are two main important observations herein: (i) the rhetoric in the dominant discourse supports the concept of open government formulated by the Obama administration as transparency, participation, and collaboration, but in practice, the focus is predominantly on transparency and information exchange, while ignoring fundamental democratic issues regarding participation and collaboration, and (ii) the concept of the public is inadequately considered as a homogenous entity rather than a diversified group with different interests, preferences, and abilities.

En 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó como parte del Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 el Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público (1173), el cual tiene como propósito contribuir al establecimiento de un Programa de Integridad Institucional en todo ente de gobierno, a fin de que se homologue en el conjunto de las instituciones gubernamentales un sistema anticorrupción basado en criterios técnicos. Los Programas de Integridad Institucional han demostrado ser, en los países donde se han aplicado, elementos centrales para prevenir, identificar, evaluar y disuadir la ocurrencia de actos corruptos, así como para sancionar a los responsables. Pero, aún más importante, permiten corregir las fallas estructurales detectadas para evitar la reincidencia de los actos irregulares ya cometidos. Con objeto de facilitar la implementación de dicho Estudio en la realidad práctica y operativa de las instituciones, y como una contribución al Sistema Nacional de Fiscalización, la ASF ha desarrollado la presente guía para orientar sobre las etapas fundamentales al establecer un programa anti-corrupción.

La Guía tiene la intención de responder a la creciente demanda de una amplia gama de partes interesadas para obtener una guía actualizada sobre la medición de la corrupción y su ausencia, específicamente los fenómenos de transparencia, responsabilidad e integridad. Debido a que gran parte de los datos recopilados regularmente sobre corrupción y anticorrupción se relacionan con las actividades del gobierno, esta Guía tiene un fuerte enfoque en la medición del sector público y su relación con la sociedad civil. La Guía está escrita para profesionales involucrados en el trabajo anticorrupción que buscan alternativas a modelos lógicos desnudos e indicadores de entrada / salida.

Los datos generados por los ciudadanos (DGC) amplían qué se mide, cómo y con qué propósito. Las iniciativas cubren áreas que van desde la cartografía hasta políticas gubernamentales, servicios públicos o investigación ambiental. A medida que la recopilación y el compromiso con los DGC aumentan en relevancia y visibilidad, las instituciones públicas pueden aprender sobre qué hacen las iniciativas de DGC, cómo posibilitan diferentes formas de producción de sentido y cómo esto puede aportar al progreso en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).





Nuestra investigación examinó diferentes enfoques para hacer y organizar los DGC, así como los modos en que los gobiernos participan actualmente en este tipo de iniciativas. Se identificaron varios beneficios concretos para la implementación y el seguimiento de los ODS, subrayando la importancia del apoyo continuo de las instituciones públicas a estas iniciativas.

México está inmerso en un ciclo vicioso de desigualdad, falta de crecimiento económico y pobreza. Siendo la decimocuarta economía del mundo, hay 53.3 millones de personas viviendo la pobreza. La desigualdad ha frenado el potencial del capital físico, social y humano de México; haciendo que en un país rico sigan persistiendo millones de pobres. En términos de renta y capital, la riqueza se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas que se han beneficiado del poco crecimiento económico del que ha gozado México en las últimas dos décadas. Así, mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco. Vemos con preocupación la excesiva e indebida influencia de los poderes económicos y privados en la política pública y la interferencia que esto implica para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Las personas más afectadas por esto son las personas más pobres. La lucha que debemos emprender es por esas personas, que se han quedado excluidas, sin voz, sin capacidad de participar en las decisiones que afectan sus vidas y las de sus hijos. La desigualdad limita el desarrollo del capital físico, social y humano necesario para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas.

Esta publicación contiene ocho recomendaciones puntuales dirigidas a las y los legisladores del Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, con el fin de fortalecer su papel en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte toral del Estado mexicano. Las recomendaciones, además, están orientadas a fomentar la igualdad de género en los órganos legislativos y promover e institucionalizar la participación ciudadana y la rendición de cuentas en todas las etapas de la planeación nacional, con base en las atribuciones de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

En el Manual para adoptar ejercicios de Gobierno Abierto en el ámbito municipal de la Caja de Herramientas de Gobierno Abierto Municipal se muestra paso a paso cómo se puede poner en práctica el modelo de gobierno abierto en Municipios y Alcaldías, donde la ciudadanía sea partícipe central en la solución de problemas públicos en su localidad.

De 2019 a 2023 operó el proyecto “Rendición de cuentas, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el desarrollo sostenible”, a cargo del PNUD en México, con el apoyo de USAID. Se trabajó en los temas de vigilancia ciudadana, gobierno abierto municipal, corresponsabilidad de las OSC, ética en el servicio público, gestión de riesgos de corrupción e integridad corporativa. Las contrapartes del proyecto -en las diferentes líneas de trabajo- fueron: ASF, CIMTRA, CPC, INAI, SESNA, SFP; además, se colaboró con otras instancias como COPARMEX, CANACINTRA, CPCs locales, entre otras. El presente documento es una memoria de dicho Proyecto, donde se encuentra su información básica, sus logros y sus aprendizajes.