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The report presents a framework for making corporate strategies effective for sustainable development by drawing on interdisciplinary research, involving business, civil society and governments. The report argues that SDG acceptance represents a paradigm shift in how all actors think about the interconnectedness of sustainability and asks: how should investment, education, risk, trade, infrastructure and industry change to accommodate the needs of people and the planet? The authors recognize the SDGs as a force for positive change in the world and emphasize three value dimensions – public, private and social value – to take into account as part of concrete strategic framework for business to embed the SDGs.
Proyecto de resolución remitido a la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015 por la Asamblea General en su sexagésimo noveno período de sesiones
Por medio de la observación electoral se fortalece el impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), contenidos en la Agenda 2030 adoptada por 193 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas. La observación electoral se vincula principalmente con el ODS 16, relativo a Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. No obstante, también está relacionada con otros ODS, como los del Fin de la pobreza (ODS 1), Igualdad de género (ODS 5), Reducción de las desigualdades (ODS 10) y el de las Alianzas para lograr los objetivos (ODS17), entre otros.
Por estas razones, es conveniente y deseable que la observación electoral se fortalezca, se profesionalice y desarrolle su máximo potencial en cada elección. De ahí la pertinencia y la importancia del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE), que es un elemento único en el mundo para el fortalecimiento de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que observan los procesos electorales.
Este documento da un panorama de la ejecución del FAOE. No obstante, para conocer sobre los resultados, hallazgos y recomendaciones de los proyectos, es de gran relevancia conocer los comunicados de las OSC participantes presentados durante las ruedas de prensa, así como sus informes finales.
México está avanzando en la puesta en marcha de la Agenda 2030 gracias a los esfuerzos del gobierno mexicano, las entidades federativas, el Congreso de la Unión y las empresas, la sociedad civil y la ciudadanía. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es asegurar la permanencia de este Consejo Nacional más allá de los ciclos gubernamentales. Tan solo a nivel presidencial, el plazo entre 2015 y 2030 cubre cuatro periodos de gestión. Este reto se puede superar si consolidamos una visión de Estado, aseguramos la apropiación de los sectores no gubernamentales e incorporamos la dimensión territorial de la Agenda, partiendo de que cualquier desarrollo es por naturaleza “local”.
Esta agenda es verdaderamente una agenda de Estado, pero sobre todo de las personas, para las personas. En ese contexto, el papel de los parlamentos cobra una especial importancia, en tanto poder del estado con funciones indispensables para la promoción del desarrollo de las naciones. El Congreso mexicano ha entendido claramente que se requiere la actuación legislativa en el ámbito nacional, mediante la redacción de leyes y la supervisión en la ejecución de éstas, así como de políticas nacionales y planes estratégicos.
Los datos generados por los ciudadanos (DGC) amplían qué se mide, cómo y con qué propósito. Las iniciativas cubren áreas que van desde la cartografía hasta políticas gubernamentales, servicios públicos o investigación ambiental. A medida que la recopilación y el compromiso con los DGC aumentan en relevancia y visibilidad, las instituciones públicas pueden aprender sobre qué hacen las iniciativas de DGC, cómo posibilitan diferentes formas de producción de sentido y cómo esto puede aportar al progreso en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Nuestra investigación examinó diferentes enfoques para hacer y organizar los DGC, así como los modos en que los gobiernos participan actualmente en este tipo de iniciativas. Se identificaron varios beneficios concretos para la implementación y el seguimiento de los ODS, subrayando la importancia del apoyo continuo de las instituciones públicas a estas iniciativas.
La nueva estrategia digital del PNUD nos permitirá aprovechar mejor la tecnología y la innovación para ofrecer mejores resultados en los países y comunidades donde trabajamos. También nos ayudará a comprender mejor el potencial de las tecnologías digitales y la mejor manera de utilizarlas para servir a nuestros socios en sus esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los riesgos y compensaciones que conllevan.
Esta estrategia digital es un llamado a la acción y la innovación, no solo para el PNUD, sino también para nuestra valiosa y diversa red de socios. Para garantizar que tenga éxito, haremos lo siguiente: Invertiremos en oportunidades de aprendizaje para crear una comprensión común de los conceptos y capacidades digitales en toda la organización; Construiremos una red global de campeones digitales que ayudarán a identificar las necesidades y ayudarán a sus colegas a utilizar las tecnologías digitales; Diseñaremos e implementaremos proyectos rápidos de demostración digital en todas las áreas de nuestro trabajo para mostrar el potencial de estas tecnologías a nuestro personal y socios.
Gran parte del gasto público crítico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como los gastos en caminos rurales, riego, salud y educación, es administrado localmente por los gobiernos subnacionales (SNG). Debido a la baja capacidad de ingresos de origen propio de la mayoría de los gobiernos subnacionales, las transferencias fiscales de los gobiernos centrales son esenciales para hacer posibles estos gastos y, por lo tanto, para avanzar en el logro de los ODS. La asignación de recursos, el diseño y la administración de los diversos instrumentos de transferencia fiscal, la forma en que se asignan entre los SNG y la forma en que incentivan a los gobiernos subnacionales son importantes para lograr los ODS.
Este informe resume las experiencias en transferencias fiscales en Asia y hace recomendaciones clave para ayudar a mejorar en: Recursos de transferencias fiscales; Diseño de transferencias fiscales; Administración de transferencias fiscales; Hacer que los gastos sean más equitativos entre los SNG; e Incentivos de desempeño positivo para la prestación de servicios relacionados con los ODS.
Este informe explora la participación de los gobiernos locales y regionales (GLR) en la "localización" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Siguiendo las directrices de la ONU, complementa las Revisiones Nacionales Voluntarias (VNR) presentadas por 143 países al Foro Político de Alto Nivel (HLPF) durante el primer ciclo de cuatro años de informes voluntarios. Ofrece información de primera mano de los GLR en 80 países diferentes, incluidos 24 de los 47 países que presentaron informes en 2019. Este informe es la tercera edición de una serie anual, que coincide con las reuniones anuales del HLPF. También presenta una visión general de las políticas e iniciativas llevadas a cabo por los GLR para contribuir al logro de los ODS.
Presentación en evento sobre legislar con enfoque de Agenda 2030
Presentación en el marco de capacitación sobre la instrumentación de la Agenda 2030 a nivel subnacional.
Presentación del análisis de brechas de desarrollo para incorporar enfoques transversales en el marco de la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024
Palabras en el marco de capacitación en el Senado relativo a transverzalización del enfoque Agenda 2030
La serie “Desarrollo Sostenible en México: soluciones innovadoras para fortalecer la toma de decisiones con base en evidencia” que está formada por tres documentos que son resultado de los esfuerzos de la oficina del PNUD en Mexico en el marco de la iniciativa de “Inferencia de Prioridades de Política para el Desarrollo Sostenible”. En el Reporte metodológico, primero de la serie, se describe el tratamiento que se hace de los datos para su uso en el modelo IPP, las ecuaciones del juego conductual de economía política y los algoritmos del modelo. El segundo documento es una Aplicación para el caso de México. En éste, se describen los indicadores utilizados y se muestran los resultados de los análisis retrospectivo y prospectivo. El tercer documento de esta serie es una Aplicación para el caso subnacional de México que da cuenta de las prioridades retrospectivas de las entidades federativas y de los resultados del análisis de factibilidad de metas aportadas por funcionarias y funcionarios públicos de cinco estados: Chiapas, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Yucatán.
El estudio muestra que el número total de personas que sufrieron una muerte violenta como consecuencia de un homicidio aumentó en el último cuarto de siglo, de 395.542 en 1992 a 464.000 en 2017. Sin embargo, debido a que la población mundial ha aumentado a un ritmo más rápido que el incremento de las víctimas de homicidio registradas, el riesgo general de ser asesinado por homicidio ha disminuido de manera constante. La tasa mundial de homicidios, que se mide como la tasa de víctimas por cada 100.000 personas, disminuyó de 7,2 en 1992 a 6,1 en 2017.
Consta de cinco folletos temáticos, cada uno de los cuales ofrece una visión de las facetas y dimensiones específicas de este complejo fenómeno: tendencias y patrones de homicidio; impulsores, mecanismos y tipologías de homicidio; homicidio y desarrollo sostenible; asesinatos de mujeres y niñas relacionados con el género; y asesinatos de niños y adultos jóvenes. Un sexto folleto adicional consiste en el resumen ejecutivo y las implicaciones para las políticas públicas.
En este documento se examinan las tendencias económicas, sociales y ambientales que inciden en la implementación de los ODS en la región y se evalúa el avance hacia la consecución de sus metas mediante 72 series estadísticas. En todos los análisis se destacan los efectos de la COVID-19. El examen que se realiza concluye que la integralidad de la Agenda 2030 está en riesgo pues, mientras unas pocas metas se han logrado, muchas solo podrían alcanzarse con marcadas intervenciones de política y otras parecen inalcanzables. La región debe acelerar sus esfuerzos en un decenio de acción y resultados y superar los modelos que debilitaron su capacidad de respuesta.
La presente investigación busca ser un referente de
consulta para instituciones que producen o utilizan
datos. Brinda elementos sobre la importancia de
la calidad de los datos, al tiempo que establece el punto de partida para futuras investigaciones, especialmente en temas de interoperabilidad de datos como un mecanismo de mejora a la calidad de las mediciones de los ODS.
Este informe explora la participación de los gobiernos locales y regionales (GLR) en la "localización" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Siguiendo las directrices de la ONU, complementa las Revisiones Nacionales Voluntarias (VNR) presentadas por 143 países al Foro Político de Alto Nivel (HLPF) durante el primer ciclo de cuatro años de informes voluntarios. Ofrece información de primera mano de los GLR en 80 países diferentes, incluidos 24 de los 47 países que presentaron informes en 2019. Este informe es la tercera edición de una serie anual, que coincide con las reuniones anuales del HLPF. También presenta una visión general de las políticas e iniciativas llevadas a cabo por los GLR para contribuir al logro de los ODS.
Este informe muestra que se está avanzando en algunas áreas críticas y que se observan algunas tendencias favorables. La pobreza extrema ha disminuido considerablemente, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años se redujo en un 49% entre los años 2000 y 2017, las inmunizaciones han salvado millones de vidas y la gran mayoría de la población mundial tiene ahora acceso a energía eléctrica. Los países están tomando medidas concretas para proteger nuestro planeta: desde el año 2010 se han duplicado las zonas marinas protegidas, los países están trabajando de manera concertada para abordar la pesca ilegal, y 186 partes han ratificado el Acuerdo de París sobre el cambio climático y casi todas han comunicado sus primeras contribuciones determinadas a nivel nacional.
Este estudio analiza la situación de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes con base en la información estadística disponible, además identifica la cobertura y disponibilidad de los datos y fuentes de información existentes en México y aporta recomendaciones para fortalecer los mecanismos de generación de información en el país, a fin de mejorar las políticas públicas que previenen y atienden la violencia en contra de la niñez y adolescencia.