La ECOPRED 2014 se realiza en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) así como del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Esta encuesta buscará generar estimaciones sobre algunos de los factores que propician el surgimiento de conductas delictivas y violentas. Asimismo, se busca obtener información sobre las ventajas y vulnerabilidades que afectan el desarrollo de los jóvenes entre 12 y 29 años de edad, los jefes de hogar, así como las comunidades y/o barrios. La utilidad de la ECOPRED es conocer de forma integral los elementos y dinámicas que están influyendo en la formación y socialización de los jóvenes mexicanos. Específicamente, se busca identificar la relación y percepción que tienen los jóvenes con respecto a sus contextos más inmediatos, por ejemplo: familia, amigos cercanos, vecinos, comunidad, y escuela o trabajo.

Tradicionalmente, las escuelas normales han sido las encargadas de formar a los docentes de educación básica del país; sin embargo, en los últimos años ha crecido la participación de otras instituciones de educación superior (IES) en la formación de estos profesionales. La oferta educativa de las normales coexiste ya desde hace tiempo con una que proviene de universidades públicas y privadas. De este conjunto heterogéneo de instituciones han egresado los aspirantes a las plazas docentes de educación básica en los últimos años. De él han salido también los candidatos que obtuvieron resultados idóneos o no idóneos en los concursos de oposición 2014 y 2015 para ingresar al servicio público educativo. En este mapa institucional y de desafíos educativos las directrices que aquí se presentan se ocupan del ámbito de la formación inicial de los docentes de educación básica; si bien ponen especial énfasis en las escuelas normales, también subrayan el papel que ha tenido y tendrá en el futuro inmediato el resto de las IES.

El Índice de Estado de Derecho en México 2018 es el primer índice subnacional producido por el WJP, y constituye una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país. El Índice de Estado de Derecho en México 2018 utiliza el mismo marco conceptual y metodológico que el WJP ha utilizado a nivel global para cuantificar la adhesión al Estado de Derecho en cada uno de los 32 estados del país. El Índice de Estado de Derecho en México 2018 presenta nuevos datos e indicadores, los cuales se organizan en 42 sub-factores y ocho factores: i) límites al poder gubernamental, ii) ausencia de corrupción, iii) gobierno abierto, iv) derechos fundamentales, v) orden y seguridad, vi) cumplimiento regulatorio, vii) justicia civil y viii) justicia penal. Estos factores resumen distintas manifestaciones del Estado de Derecho, proveen información acerca de las fortalezas y debilidades institucionales de cada entidad, y sirven como puntos de referencia para evaluar el desempeño de las autoridades estatales a lo largo del tiempo o en comparación con el de sus contrapartes en otros estados.

El documento tiene por objeto poner a disposición de cualquier institución del sector público de los tres órdenes de gobierno la guía y las etapas que deben seguir para establecer un Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción basado en las mejores prácticas internacionales en la materia, homologado y sistémico con el rigor metodológico necesario para identificar, prevenir, evaluar y disuadir la ocurrencia de posibles actos corruptos, así como para sancionar a los responsables y generar un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, promover la transparencia y rendición de cuentas, y alcanzar mayores niveles de eficiencia en el desempeño gubernamental.

Considering Mexico’s experience with military and corporatist autocratic rule, the country has made significant progress over the last two decades with regard to electoral competition and its overall regulatory environment, including market-oriented reforms. Economic and political elites, as well as an increasing share of the middle-class, are technically qualified and have knowledge on how best to organize the political, economic and social frameworks of their society. Mexican policymakers at both the national and regional levels are well trained, internationally experienced and often equipped with high-level qualifications from Western universities. Mexico’s tertiary education system is increasingly competitive internationally as are several major firms, including an increasing number in the manufacturing sector. At the same time, Mexico suffers from structural problems that are uncommon among most other OECD countries. These challenges mainly relate to an extremely unequal distribution of social benefits and services among the population, such as security and social opportunities. The resulting cleavages between geographic regions, rural and urban areas and social classes are among the most pressing barriers to further societal progress. In addition, uneven state capacity, both geographically and across policy sectors, often undermines the effective and coherent implementation of policies. Against this background, Mexico faced a series of major challenges in 2017.

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 analiza el desempeño de la política de desarrollo social en México con el propósito de que las administraciones (federal, estatales y municipales) cuenten con evidencia e información para la elaboración, monitoreo o evaluación de sus planes y programas de gobierno. Para elaborar este Informe, el CONEVAL utiliza la evidencia acumulada a lo largo de diez años en los que, además de hacer mediciones de pobreza y evaluaciones a políticas y programas de desarrollo social, ha llevado a cabo investigaciones en áreas tales como el análisis del cumplimiento de los derechos sociales y de las condiciones que enfrentan algunos grupos discriminados. El propósito principal de este Informe es mostrar la evidencia sobre la situación actual del país en relación con los avances y los retos en la pobreza y en el ejercicio de los derechos sociales de la población, poniendo énfasis en los grupos en condición de rezago.??

A partir del análisis de una base de datos sobre información penitenciaria (de elaboración propia), integrada con información de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (y Gobernación, antes de 2000 y 2012), del INEGI (particularmente el censo penitenciario 2012, con información 2011), de las encuestas del CIDE a población penitenciaria del centro del país (25% de la población penitenciaria del país) de 2003, 2006 y 2009, a internos por delitos de competencia federal de 2012, Guillermo Zepeda emprende el examen del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ofrecernos un dictamen general del sistema penitenciario en México, que describe las condiciones de reclusión que priva en los centros penitenciarios del país, para dar cuenta de la alta vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, derivadas de la sobrepoblación existente, la proliferación de grupos criminales que operan al interior de ellos, la alta reincidencia delictiva de los internos y los precarios resultados que arrojan los programas de reinserción social, entre otros temas.

Muchas cosas han cambiado en nuestro país en los últimos dos años. El gobierno y la oposición le dieron una oportunidad al diálogo constructivo para avanzar la agenda de reformas más ambiciosa de nuestro tiempo. La democracia mexicana demostró que era posible construir consensos en un contexto de pluralidad y competencia política. Si observamos un mapa del mundo es difícil encontrar un país que haya cambiado tanto en tan poco tiempo. Cambios fundamentales de política pública que estuvieron detenidos por lustros, finalmente fueron procesados en el Congreso de la Unión. En meses recientes México ha vivido momentos dolorosos y agitados. Sin embargo, un análisis objetivo de nuestra realidad no puede regatear el potencial de grandeza de las reformas estructurales. A veces los seres humanos vivimos muy cerca del presente y en consecuencia resulta complicado aquilatar la trascendencia histórica de los cambios que son analizados en este nuevo estudio del IMCO. Los desafíos que tiene hoy el país en materia de seguridad pública serían menos agudos si tuviéramos tasas más aceleradas de crecimiento económico. Necesitamos crear mejores oportunidades de prosperidad y empleo formal. Necesitamos una economía con más incentivos a la productividad, o lo que es lo mismo, mayores incentivos a la formalidad. Necesitamos fortalecer la capacidad de atraer talento e inversión, a nuestras ciudades, a nuestros estados y a nuestro país.

El Índice de Paz México 2018 (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), proporciona una medición integral de los niveles de paz en México. El IPM se basa en la metodología del Índice de Paz Global, la más reconocida medición de la paz en el mundo, y ha sido elaborado por el IEP cada año desde 2007. Esta es la quinta edición anual del IPM y en ella se presentan las principales tendencias, los modelos y los factores que impulsan la paz en México; asimismo, se destacan las oportunidades de política pública más importantes para las autoridades de los tres niveles de gobierno. En el informe se analiza la dinámica de la violencia en México, así como las debilidades y fortalezas de las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas, conocidas como Paz Positiva, necesarias para reducir sustancialmente las tasas de violencia en México. Asimismo, se cuantifica el considerable impacto económico de la violencia sobre la economía mexicana y la necesidad de aumentar el nivel de inversión en su contención. Por último, se proporciona evidencia cuantitativamente sólida para ayudar a desarrollar políticas públicas orientadas a crear una sociedad más pacífica. Esta investigación será útil para formuladores de políticas, investigadores, líderes empresariales, organizaciones de sociedad civil y, en general, cualquier persona interesada en la tarea de construir la paz en México.

El Estudio de la OCDE sobre integridad en México es uno de los primeros estudios en aplicar la nueva Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública (2017). En el Estudio se evalúa i) la coherencia y la amplitud del sistema de la integridad pública; ii) hasta qué punto las nuevas reformas de México inculcan una cultura de integridad en la sociedad y el sector público; y iii) la eficacia de mecanismos cada vez más estrictos de rendición de cuentas. Además, el Estudio incluye un enfoque sectorial en la contratación pública, una de las mayores áreas de gasto gubernamental en el país y una área de actividad gubernamental de alto riesgo para el fraude y la corrupción. El estudio ofrece varias propuestas para fortalecer los arreglos institucionales y mejorar la coordinación vertical y horizontal, colmar las lagunas aún existentes en los diversos marcos legales y políticos, inculcar los valores de integridad y asegurar la sostenibilidad de las reformas.

Este libro se basa en las ponencias y debates desarrollados durante la conferencia patrocinada conjuntamente por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que fue celebrada del 6 al 7 de junio de 2005, en Washington, D.C. El tema de la misma fue “Hacia la Institucionalización de los Sistemas de Monitoreo y Evaluación en América Latina y el Caribe”. Como consecuencia del interés en tener mecanismos que permitan intercambiar experiencias y conocimiento de manera más sistemática, durante la conferencia se propuso crear una red regional formada por las partes clave interesadas en el tema, para centrarse en la institucionalización del M&E y para facilitar el aprendizaje “de Sur a Sur” en toda la región. creación de un foro para el diálogo entre los gerentes de sistemas de M&E, y entre estos y los profesionales de M&E, de la misma manera en que fue diseñada la conferencia, para permitirles compartir sus propias experiencias nacionales y proporcionarles una experiencia adicional tanto regional como mundial. El Banco Mundial y el BID actuarán sólo como mediadores, para así preservar y asegurar el sentido de propiedad de los países.

ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, e IDEA Internacional presentan la publicación “Mujeres y participación política en México. A 60 años del reconocimiento del derecho al voto femenino”como reconocimiento al aporte de las mujeres a la democracia y al desarrollo en México. En ella se informa sobre la situación de la participación de las mujeres en el ámbito federal, estatal y municipal en diferentes ámbitos de la vida pública: en cargos de elección popular, en los poderes ejecutivo y judicial, en los órganos electorales y en los partidos políticos. El diagnóstico pone de manifiesto los avances pero también la persistencia de obstáculos para la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones. La publicación presenta una serie de propuestas para acelerar el ritmo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y asegurar los derechos humanos de las mujeres en relación con su plena participación política y el desempeño paritario de funciones públicas en todos los poderes y órdenes de gobierno.

México ha transitado por varias etapas en la relación gobierno-ciudadanía a lo largo de su proceso democrático. En la primera etapa de la transición (1977-1988) el foco de atención radicó en ampliar la pluralidad política y fortalecer el sistema de partidos. Entre 1985 y 1988, con un número creciente de ciudadanos organizándose para distintas tareas cívicas, un nuevo marco para la participación ciudadana en la vida cívica empezó a desarrollarse. Para 1991, era evidente que la política pública necesitaba canales adicionales para canalizar nuevas formas de participación social. Surge así la contraloría social de los programas sociales, pero sobretodo un impulso social de vigilancia y control de la gestión pública que años después se enriquecería con la agenda de transparencia y rendición de cuentas y participación social. En 2002, ambas agendas --contraloría social y transparencia-- convergen por primera vez en el Manual Ciudadano. En ese año, Transparencia Mexicana y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), aún sin ley de transparencia decidieron abrir padrones de beneficiarios y las reglas de operación de los programas al escrutinio de beneficiarios y de la sociedad en general. A veinte años del surgimiento de la contraloría social y una década del primer Manual Ciudadano sobre programas sociales, es necesario consolidar lo avanzado. Institucionalizar los programas sociales significa consolidar los esfuerzos normativos, de fiscalización, transparencia y participación social, que de manera aislada y en ocasiones poco coherente surgieron en los últimos veinte años. Institucionalizar los programas sociales significa que los derechos garantizados por nuestra constitución y hechos exigibles por la reforma constitucional de 2011, sean idénticos para todos los ciudadanos y en todos los rincones del país.

En México, la construcción de una cultura de la evaluación? es un proceso que se inició en la década de 1970; sin embargo,? como un ejercicio normado, sistemático y riguroso? orientado hacia el logro de resultados, es una realidad de? hace apenas algunos años. El CONEVAL, con base en sus atribuciones, realiza actividades? dirigidas a implementar una cultura de la evaluación.? Se busca, con ello, que los resultados de esas evaluaciones? sean insumos que lleguen a los tomadores de decisiones y? forme parte del ciclo de la política pública, además de apoyar? la rendición de cuentas. El siguiente documento explica? la manera en que se ha diseñado y llevado a cabo desde el? CONEVAL la política de la evaluación de los programas de? desarrollo social en nuestro país?.

Con el objetivo de acelerar los procesos para que las mujeres ejerzan en igualdad de condiciones sus derechos políticos, el área de Género del Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres e Idea Internacional han trabajado, desde 2011, en el proyecto: ATENEA: Mecanismo de Aceleración de la Participación Política de las Mujeres, que tiene cuatro estrategias como pilares: información, análisis, comunicación y acción.

El presente diagnóstico es el resultado de una iniciativa que se basa en una permanente suma de esfuerzos y acción coordinada que ha involucrado a las tres organizaciones que la impulsan (PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional) a nivel regional, así como a sus oficinas en el ámbito nacional. El diagnóstico de Panamá que aquí presentamos es el resultado de la primera aplicación del proyecto Atenea en un país. La información recabada y el análisis realizado pretenden ofrecer un panorama integrado y ordenado del estado de situación de la participación política de las mujeres en Panamá con el objetivo de que contribuya a generar debates y sinergias entre los agentes impulsores de la Mesa, fortaleciendo una democracia más inclusiva e igualitaria en Panamá.

This evaluation is usually completed on a case by case basis, requested directly by program managers and other stakeholders at the line ministry level. It is also common for international agencies to include process evaluations as part of their work plan. Mexico has recently institutionalized process evaluations in their national menu of evaluations by developing a standardized process evaluation methodology. This is the first case of a country committing to wider scale homogenization and implementation of process evaluations in government, and opens up new possibilities of process evaluations contributing to results oriented government, through for example Meta analysis of public administration processes.

En esta tercera edición de la metodología, resultado de un intenso proceso de investigación, análisis y consulta, se insertan los nueve indicadores establecidos en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social vigente: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Los ajustes a esta metodología permiten, además, enriquecer el estudio de la pobreza, al complementar el conocido método de pobreza por ingresos con la óptica de los derechos sociales y el análisis del contexto territorial. De esta forma, el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) establece fundamentos para cumplir con el propósito que la Ley General de Desarrollo social le ha encomendado en materia de definición y medición de la pobreza. Esta edición de la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México contiene los criterios metodológicos que el CONEVAL adoptó en el año 2009 para la medición multidimensional de la pobreza en México. Con esta medición, el Consejo ha generado y publicado estimaciones de manera bienal para integrar una serie histórica de medición de pobreza a nivel nacional y estatal que comprende los años 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016 y a escala municipal las mediciones corresponden a los años 2010 y 2015. Con la publicación de este documento, el CONEVAL ratifica ante la sociedad mexicana su compromiso con la transparencia al presentar los criterios actualizados para medir periódicamente la pobreza de manera comparable y su compromiso con las instancias gubernamentales de continuar contribuyendo al diseño, monitoreo y evaluación de la política social.

En este Informe de Avances 2015, México vuelve a mostrar su compromiso y capacidad de innovación al comunicar los logros, analizar detenidamente los retos, identificar los obstáculos persistentes y establecer las políticas





que deberán implementarse para superarlos. De los 51 indicadores en los que México comprometió esfuerzos, reportamos cumplimiento total en 37 de ellos, y cinco más podrían conseguirse al término de 2015. Esto es motivo de gran satisfacción, porque representa un nuevo piso básico para impulsar el desarrollo de los mexicanos. Sin embargo, también reconocemos que pese a los avances logrados, existen desafíos que todavía debemos enfrentar para lograr el país próspero, incluyente y con educación de calidad al que aspiramos.

México avanza lentamente por el camino hacia la igualdad de género. Muchas políticas públicas encaminadas a empoderar a las mujeres ya están en marcha: en las dos últimas décadas, México ha incrementado la inversión en educación para niñas, aumentó considerablemente el cupo en estancias infantiles y en preescolar, mejoró la incorporación de la transversalidad de género en el gobierno y aseguró que las mujeres estén bien representadas en las elecciones. Sin embargo, sigue habiendo grandes diferencias entre los sexos en cuanto a resultados educativos, participación en el mercado laboral, remuneraciones, informalidad y horas dedicadas al cuidado infantil y tareas domésticas no remuneradas. “Llevar a México a su máximo potencial”, como prescribe el Plan Nacional de Desarrollo, dependerá crucialmente de cuánto se cierren las brechas de género en la vida política, social y económica, y se promueva un cambio social verdadero.